La líder del ente fiscalizador expresó su apoyo a la decisión del organismo, conocido de modo oficial como Sala Constitucional, respecto a declarar contraria a la Carta Magna la iniciativa legal propuesta por el gobierno a la Asamblea Legislativa (parlamento) para someterla a un presunto referendo.
«Nos satisface la decisión de la Sala Constitucional», expresó Acosta tras el anuncio de la Sala IV, cuyos magistrados coincidieron en que son inconstitucionales todos los artículos de la llamada “Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica” consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La titular refrendó en particular las precisiones del ente de la CSJ en defensa de “las competencias de fiscalización con las que la Contraloría debe ejercer los controles previos, preventivos y posteriores, establecidos tanto en la Constitución Política como en las leyes que rigen nuestras competencias”.
Cumplimos con seriedad –afirmó la Contralora- nuestro rol en el pasado, lo hacemos en el presente, y lo seguiremos haciendo en el futuro, cumpliendo con el principio de legalidad, ética y buenas prácticas nacionales e internacionales.
“Los ciudadanos pueden tener garantía –subrayó- de que las actuaciones de la institución siempre pueden ser revisadas en instancias judiciales».
Por otro lado, la Defensoría de los Habitantes exhortó a “respetar las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, en tanto constituyen un cimiento fundamental del Estado de Derecho y de la convivencia democrática”.
“El respeto y equilibrio entre los Poderes de la República –añadió el ente mediador- es indispensable para que Costa Rica camine por la vía democrática. Toda sociedad puede decidir los cambios que se necesitan sin debilitar los controles que garanticen la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Las declaraciones de la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes confirman el inicio de un nuevo debate nacional sobre la polemizada inconstitucionalidad del proyecto de «Ley Jaguar» defendido por el Ejecutivo, que desconoce las funciones fiscalizadoras de la Contraloría, agregó un comunicado oficial.
El anuncio de la Sala IV coincidió con criterios sobre el texto en distintos foros durante las últimas semanas por personalidades y organismos del Congreso y del propio Ejecutivo.
La sesión de la Sala IV que adoptó esa decisión observó vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados de la denominada Ley Jaguar, precisó la oficina de prensa del Alto Tribunal.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo pretende reformar el artículo 11 de la Ley de la Contraloría, con la finalidad de suprimir su fiscalización sobre la legalidad de los controles y de la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
mem/apb
