Para varios expertos, como José Stoute, la iniciativa entregada a la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) es una aberración jurídica que busca beneficiar al expresidente panameños, Ricardo Martinelli(2009-2014), condenado por blanqueo de capitales por el caso de New Bussiness y asilado desde el 7 de febrero último en la embajada aquí de Nicaragua.
El proyecto establece definiciones para la amnistía, la cual es una gracia que beneficia a una persona vinculada a un delito político, cuyo otorgamiento es privativo del Órgano Legislativo que extingue la acción penal y la pena, según su argumentación.
Mientras que el indulto sería una causa de extinción de la acción penal y la pena, de carácter individual, cuya potestad corresponde al presidente de la República con el ministro de Gobierno y es aplicable cuando se cometan delitos políticos según lo define ese anteproyecto.
Para Stoute es evidente la intencionalidad de Camacho, por lo que advierte que de ser aprobada como ley este anteproyecto, pondría en aprietos al jefe de Estado, quien su juicio se verá obligado a sancionar una ley que otorgaría libertad por amnistía a un sustantivo número de acusados y condenados, sin olvidar las presiones para que indulte y deje en libertad a otros reos de alto perfil condenados por delitos comunes.
“También se pondría en graves aprietos a la Corte Suprema de Justicia que tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tamaña aberración jurídica”, remarcó.
Mientras el exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, indicó que si bien el parlamento tiene la potestad de modificar Códigos, esas modificaciones no pueden ser impuestas.
Según alertó, lo que pretende Camacho es que todos los delitos cometidos por un político, funcionario público o por quien aspira a un cargo de elección popular, sean considerados un delito político, lo cual es absurdo.
Rodríguez manifestó además que si esta propuesta del llamado “amigo fiel “ de Martinelli es aprobada por la AN, la misma debe ir después al Órgano Ejecutivo y si es sancionada tendría que someterse al rigor de una revisión de control judicial constitucional.
En tanto, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), consideró que este anteproyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad.
Camacho es uno de los diputados leales a Martinelli que han manifestado públicamente su desacuerdo con los casos judiciales en su contra, abogando por su liberación y la apertura de nuevas investigaciones a su favor.
El 24 de octubre del año pasado, un tribunal competente confirmó la condena de más de 10 años de prisión contra el exmandatario por lavado de dinero en el caso New Business
La investigación comenzó en el 2017 y tiene relación con la compra con presuntos fondos públicos de la Editorial Panamá América SA (Epasa) por 43.9 millones de dólares en diciembre de 2010 cuando Martinelli era presidente.
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