Argumentaron esta legislación en el sentido de regular el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para las personas e impulsar al mismo tiempo la industria europea frente a gigantes como China o Estados Unidos.
Señala la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que la nueva ley dirigirá el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) en la que los europeos puedan confiar y proporcionará apoyo a las pymes y start-ups del viejo continente para que traigan al mercado soluciones de IA innovadoras.
En concreto, distingue entre sistemas de IA que presentan un riesgo inaceptable por ser una amenaza para los derechos fundamentales y que estarán prohibidos; sistemas de alto riesgo, IA con riesgos de transparencia, y sistemas de riesgo mínimo.
Siguiendo esta clasificación, la ley prohíbe todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por raza y orientación sexual, los que puntúan a las personas en función de su comportamiento y características personales.
El reglamento identifica además sistemas de alto riesgo que solo podrán comercializarse si sus desarrolladores garantizan que respetan los derechos fundamentales, por ejemplo, los que puedan influir en el resultado de unas elecciones o los que empleen las entidades financieras para evaluar la solvencia y calificación.
Los Estados de la UE tienen hasta el 2 de agosto de 2025 para designar a la autoridad que se encargará de aplicar la legislación a nivel nacional, mientras que a escala europea la tarea recaerá en una nueva Oficia de IA en la Comisión Europea.
mem/rfc
