El documento sugería al pleno del legislativo continuar con el proceso a Sommerfeld, pero asambleístas aliados al oficialismo, así como los socialcristianos votaron en contra, mientras los de la Revolución Ciudadana (RC) se pronunciaron a favor de continuar el trámite.
Pese a esa decisión, corresponde al pleno parlamentario decidir finalmente si enjuicia o no a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
La asambleísta Jhajaira Urresta, de la RC, acusa a Sommerfeld de incumplir sus funciones en el contexto de la invasión a la sede diplomática mexicana el 5 de abril pasado, cuando detuvieron al exvicepresidente Jorge Glas.
Ese hecho provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, así como sendas denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La funcionaria también es acusada de no haber facilitado el salvoconducto al exvicemandatario para que viajara a México, país que le concedió el asilo político.
De igual manera, Urresta consideró que la canciller tenía intereses personales detrás de la irrupción de los uniformados ecuatorianos en la legación mexicana para aprehender a Glas.
En su defensa, Sommerfeld afirmó que se trata de un juicio en contra de Ecuador, pues en su opinión las acusaciones no tienen que ver con el incumplimiento de las funciones y atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley.
Otra de las imputaciones contra la ministra está relacionada con las consecuencias de la decisión del Gobierno de canjear equipamiento ruso considerado chatarra con Estados Unidos, que luego lo enviaría a Ucrania, aunque tras la polémica suscitada el presidente Daniel Noboa suspendió esa operación.
El informe rechazado este viernes en la Comisión señala las normativas nacionales que habría incumplido Sommerfeld, entre ellas la Constitución y la Ley Orgánica del Servicio Exterior.
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