En esa localidad, donde hace 27 años ocurrió una masacre en la que murieron 17 campesinos a manos de paramilitares y obligó a unas mil 400 personas a dejar su hogar, se llevó a cabo el acto de reparación colectiva que, como parte de las acciones de la Reforma Agraria, acredita a las familias beneficiarias como las dueñas legítimas de la tierra.
Según refirió Petro durante la entrega de los terrenos, el Estado colombiano debe pedir perdón por los hechos violentos de El Aro porque fue cómplice de la masacre.
“Los helicópteros oficiales, como dice la justicia, estaban rodando por aquí mientras sonaban los fusiles aquí abajo. Fusiles del narcotráfico. No hubo presencia del Estado para evitar la muerte, hubo complicidad”, aseveró.
En su alocución, abogó además por el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la comunidad que incluyen prestar atención al centro de salud, la escuela, la construcción de la vía y el acueducto.
En este punto consideró que, si las Empresas Públicas de Medellín (capital de Antioquia) no son capaces de acometer las transformaciones, dichas funciones deben ser adoptadas por el Gobierno con el objetivo de que esos servicios indispensables lleguen a la gente en los lugares excluidos.
Hacerlo como una indemnización, según manifestó, no reparará a las víctimas en la recuperación de sus seres queridos, “pero mejorará las condiciones de vida de sus descendientes”.
Con la entrega del documento que formaliza la propiedad de la tierra en manos campesinas, realizada esta jornada, las familias beneficiadas tendrán la posibilidad de acceder a créditos, proyectos productivos y todos beneficios que les brinda el Estado, inclusive poder heredar el terreno a sus hijos, según se informó.
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