Tales pesquisas corresponden al denominado “caso notaría”, en el cual la Fiscalía solicita que el gobernador cruceño encarcelado preventivamente por diversos delitos, sea detenido cautelarmente por tres meses mientras transcurren esas investigaciones.
En este expediente penal, se indaga sobre la notaria cruceña Gina Talavera, cuya detención preventiva también es demandada por los fiscales.
La acusación fue interpuesta ante el Ministerio Público por el Viceministerio de Transparencia de Bolivia tras identificar una supuesta falsificación de la firma de la máxima autoridad departamental en un poder emitido en agosto de 2023.
En ese documento se consigna falsamente que Camacho había comparecido en las oficinas de la Notaría en Santa Cruz, algo imposible, pues desde diciembre de 2022 se encuentra en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la Fiscalía, Camacho hizo insertar en dicho instrumento un protocolo (con) declaraciones falsas como si se hubiese constituido a las Oficinas de la Notaria de Gobierno, situada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El también expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz cumple detención preventiva en Chonchocoro, asimismo, investigado en el caso Golpe de Estado I.
Dentro de este último proceso, la investigación aborda el complot que desembocó el 10 de noviembre de 2019 en la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y la imposición del gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).
Unas 48 horas después, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden democrático.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de cerca de 40 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
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