La aprobación de la Ley sobre Lavado de Activos en esta nación sudamericana desató otro enfrentamiento entre los dos poderes del Estado aquí.
Mientras la Asamblea Nacional acusó al mandatario Daniel Noboa de vetar parcialmente la normativa fuera de los plazos legales y dispuso la publicación del documento, la Presidencia “demandó por inconstitucionalidad el envío al Registro Oficial del proyecto de Ley, efectuado por el Parlamento».
La Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos, aprobada por la Asamblea el pasado 20 de junio, fue remitida al Ejecutivo cuatro días después y esa función debía pronunciarse hasta el 24 de julio.
El pasado 25 de julio, el mandatario vetó parcialmente la Ley por inconstitucionalidad, alegando que una de las reformas buscaba cambiar la forma de la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Noboa argumentó que, de acuerdo a la norma vigente, la UAFE es una entidad autónoma y adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que es parte de la Función Ejecutiva y la Administración Pública Central.
«Por lo tanto, la responsabilidad de designación de su máxima autoridad corresponde estrictamente al Presidente de la República», señala el documento con la objeción que fue firmada por Noboa.
Hace menos de un mes, hubo otra polémica entre los dos poderes del Estado, después de que el Ejecutivo pretendiera vetar por segunda ocasión un paquete de reformas a la Ley de Seguridad Social, que había pasado por el control de la Corte Constitucional.
Las pugnas entre el Legislativo y el Ejecutivo de Ecuador tienen lugar luego de que a inicios del mandato de Noboa existiera un acuerdo a favor de la gobernabilidad entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, el movimiento Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiana.
En medio de ese contexto, conductores de transporte público realizaron una caravana en esta capital para solicitar al Gobierno acciones contra la inseguridad en las vías del país.
Líderes de la Federación Nacional de Asociaciones de Conductores Profesionales (Fenace) informaron que la protesta obedeció a los constantes asaltos, robos y extorsiones que sufren a diario.
Por su parte, el parlamento solicitó las comparecencias de la Ministra del Interior, Mónica Palencia y de Defensa, Gian Carlo Loffredo por la persistente inseguridad aquí.
En este sentido, la ministra Palencia, aseguró que el Bloque de Seguridad ha identificado “todos los desplazamientos posibles de estos grupos armados y cómo han venido operando, principalmente en siete provincias”.
De acuerdo con la funcionaria, en lo que va de este año se han registrado tres mil 508 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo de 2023 hubo cuatro mil 307 asesinatos.
No obstante, persisten los reclamos por la falta de seguridad y medios locales reportan constantemente hechos violentos.
Mientras tanto, pacientes renales de la ciudad costera de Guayaquil volvieron a las calles en esa urbe para demandar la falta de insumos en las clínicas de diálisis, debido a la deuda del Ejecutivo.
La pasada semana, las clínicas de diálisis en el país anunciaron la suspensión de los tratamientos a sus pacientes por la falta de insumos que ocasiona la deuda por parte del Gobierno Nacional con esas instituciones sanitarias.
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