Los firmantes en un comunicado que circula aquí convocaron a “sus simpatizantes a respetar la vida, la salud y la seguridad de todas las personas» y expresaron su rechazo categórico a cualquier hecho de violencia.
El texto resaltó que el 28 de julio el pueblo participó “de manera libre, voluntaria y con un alto nivel de civismo” en los comicios presidenciales, en los que el presidente Nicolás Maduro resultó vencedor con el 51,95 por ciento de los votos, mientras su más cercano perseguidor Edmundo González alcanzó 43,18 puntos porcentuales de las boletas.
Significó, además, que el sufragio se desarrolló en un ambiente de paz, de convivencia armoniosa y espíritu democrático, “en estricto apego al ordenamiento jurídico y sin actos o hechos de envergadura que lamentar durante su desarrollo”.
Asimismo llamaron a todos los candidatos que participaron en el proceso electoral presidencial a “reconocer la legitimidad democrática y autoridad del Consejo Nacional Electoral y, en consecuencia, la decisión de adjudicar la victoria de este proceso al presidente Nicolás Maduro”.
Consideraron en este sentido, que en caso de estimar existe algún tipo de irregularidad en el proceso electoral, lo que “corresponde es presentar los recursos judiciales electorales ante los tribunales competentes”.
Las organizaciones y movimientos de DDHH recordaron que una vez el Consejo Nacional Electoral informó el resultado comicial, González y “los partidos políticos que lo respaldan decidieron desconocer los resultados electorales y convocar a sus simpatizantes a protestar en las calles y espacios públicos”.
Manifestaron que como ocurrió en elecciones anteriores estos sectores radicales de la oposición venezolana “sobrepasaron los límites de las manifestaciones públicas pacíficas y ejecutaron actos de violencia vandálica”.
Las mismas estuvieron dirigidas en contra de personas y servicios públicos, centros de salud, instituciones educativas, vehículos de transporte público y bienes de interés cultural, entre otros.
Además de destruir otros bienes privados y comercios, “produciendo daños patrimoniales de enorme valor”.
De igual manera, solicitaron a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a tramitar con la “mayor diligencia y decidir el recurso contencioso electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro”, dirigido a verificar la legitimidad y legalidad del proceso electoral presidencial.
El cual contribuiría a esclarecer cualquier duda o cuestionamiento que pudo haberse generado sobre la transparencia de este proceso, subrayaron.
Entre los firmantes aparecen organizaciones y movimientos de DDHH de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Serbia y Venezuela, entre otros países.
oda/jcd
