Juan Carlos Peña-Luguera, de 39 años, y Joshua Jandel Pérez-Lebrón, de 20, fueron imputados de coerción y seducción de un menor, tráfico sexual de menores y recepción de pornografía infantil.
El FBI (Buró Federal de Investigaciones) está a cargo de la pesquisa, por lo que está recabando información de la ciudadanía sobre estos dos individuos, que, según documentos judiciales, desde julio de 2023 hasta diciembre de 2023,reclutaron, sedujeron, albergaron y solicitaron a un menor de edad, de entre 16 y 17 años, participar en un acto sexual comercial.
Los acusados utilizaron teléfonos celulares, además de servicios de mensajería instantánea por Internet para persuadir, inducir, seducir y coaccionar al menor de edad para que participara en una actividad sexual.
Además, Peña-Luguera y Pérez-Lebrón están acusados de recibir material de explotación infantil —imágenes y vídeos—, que muestran a un menor de edad participando en una conducta sexual explícita a través de una aplicación de mensajería instantánea utilizando un teléfono celular.
“Quienes participen en la explotación infantil, incluido el tráfico sexual de niños y la posesión de material de abuso sexual infantil, serán responsables de su conducta delictiva”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Estableció que la Fiscalía de Estados Unidos y las agencias de aplicación de la ley seguirán aprovechando al máximo sus herramientas de investigación y poderes de procesamiento para proteger a la niñez de los depredadores sexuales.
“Queremos recordarle al público que denuncie todo comportamiento inapropiado con los niños a sus autoridades locales y, juntos, las fuerzas de seguridad locales y federales se encargarán de que se haga justicia”, exhortó Muldrow.
El agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Joseph González, dijo que “el tráfico sexual de niños es y seguirá siendo una prioridad para nuestra oficina”.
“Queremos que las víctimas y sus familias sepan que el FBI está aquí para ellos y que seguirá persiguiendo estos casos agresivamente; los testigos y las víctimas pueden confiar en que los protegeremos y que todos los recursos disponibles del gobierno federal estarán a su disposición”, dijo.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a posibles sentencias de un mínimo de 10 años hasta cadena perpetua por seducción y coerción de un menor y cargos de tráfico sexual, y no menos de cinco hasta 20 años de prisión por recepción de pornografía infantil, seguido de libertad supervisada de cinco años hasta cadena perpetua.
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