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lunes 5 de agosto de 2024
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Apresan a militares de Colombia por presunta participación en masacre

Bogotá, 5 ago (Prensa Latina) Un juez de control de garantías dictó hoy medidas de aseguramiento a 24 militares por la muerte de 11 civiles durante un operativo ejecutado el 28 de marzo de 2022, en Puerto Leguízamo, en Putumayo, al sur de Colombia.

Tras las investigaciones del suceso, que tuvo lugar en el caserío Alto Remanso, tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados fueron señalados por la Fiscalía General de manipular la evidencia y borrar pruebas.

De acuerdo con lo divulgado, el día de la masacre en cuestión, miembros del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico, portando ropas distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, dispararon sus armas contra la localidad.

La unidad táctica se desplegó en el sitio para ubicar a alias Bruno, uno de los señalados cabecillas de la estructura disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodenominada Comandos Defensores de Frontera.

Después de varias horas de observación y con pleno conocimiento de que ‘Bruno’ no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3 accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal

La pesquisa realizada por el Centro Estratégico de Valoración Probatoria de la Fiscalía reveló que durante dos horas y media los uniformados realizaron cerca de mil 600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero, y también lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación.

Pese a estar atacando a la población civil, los militares reportaron que estaban en combate con un grupo armado organizado residual; en tanto, un teniente coronel dirigía la acción armada desde el complejo militar Santana, en Puerto Asís, Putumayo.

Como resultado de la acción armada murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión.

Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.

La Fiscalía imputó por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida tentado a los 24 integrantes del Ejército Nacional, quienes rechazaron los cargos ante el juez.

npg/ifs

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