La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luisardo, adelantó que se hará un análisis preliminar sobre el estado del esqueleto.
Posteriormente, y en junta médica, serán determinadas las piezas a enviar a un laboratorio de referencia en Córdoba, Argentina.
“Esto llevará semanas, en Córdoba no hay tiempos determinados para producir una identificación, se extrae el perfil genético”, dijo Luisardo al medio La Diaria.
Si se completa el perfil, se pasa a la comparación con la base de datos en busca de coincidencias y si las hubiera de manera significativa viene entonces la evaluación estadística con fines de la identificación, explicó.
La experta advirtió que se trata de un proceso que puede durar dos meses o un año.
En ese predio militar, ubicado en Toledo, departamento de Canelones, fueron desenterrados antes los despojos de tres detenidos desaparecidos durante la dictadura imperante de 1973 a 1985.
En 2023 aparecieron los de la militante comunista Amelia Sanjurjo, cuya identificación demoró casi un año.
Para algunos referentes políticos y de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ese lugar devino cementerio clandestino utilizado por aquel régimen de facto para esconder sus crímenes.
Por tal razón se levantan voces para que el predio deje de pertenecer a las Fuerzas Armadas y pase a la jurisdicción de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a cargo de la búsqueda de los desaparecidos.
La asociación de familiares reclama otra vez que el Poder Ejecutivo ordene a la institución militar la entrega de la información que esconde el paradero de los cerca de 200 uruguayos víctimas de la dictadura, con paradero desconocido durante décadas.
El historiador Gerardo Caetan dijo a La Diaria que las Fuerzas Armadas no sólo “no han dado información veraz sino que en oportunidades han plantado obstáculos”.
Recordó que el informe que en 2005 el presidente frenteamplista Tabaré Vázquez solicitó al mando militar “estaba cargado de errores y de pistas falsas”.
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