El legislador y jefe de la fracción del Frente Amplio Antonio Ortega caracterizó en el Congreso de “venta de humo” la presentación el 30 de julio por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves de esa otra versión de la llamada “Ley Jaguar” para someterla a un referendo.
El objetivo principal del nuevo texto, concebido tras declarar la Sala IV al anterior como inconstitucional, es limitar la fiscalización de la Contraloría General de la República, coincidió el legislador de la formación izquierdista con numerosos colegas de otros partidos, publicó el diario La República.
Costa Rica tiene otras prioridades –apuntó el líder del Frente Amplio- y, por ello, no se debería insistir en un tema que es ilegal.
Es una vergüenza –aseguró- que el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, continúe con el show. No les interesa iniciativas como Ciudad Gobierno (conjunto arquitectónico para el trabajo del gabinete); Japdeva (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica), ni la obra pública.
“Lo que quieren es seguir construyendo una narración, porque, como gobierno, ya no tienen ningún proyecto político, para resucitar esta ley Jaguar, ahora de manera más desnutrida, pero igual de peligrosa”, expresó Ortega.
Según el diputado progresista, lo que busca el Ejecutivo es vaciar de contenido la legislación correspondiente a la administración pública, a la contratación pública y a los roles de la Contraloría General de la República para evitar las denuncias, al señalar y fiscalizar los actos de corrupción”.
Ortega –precisó La República- aludió a la divulgación el 30 de julio por Chaves de “la nueva propuesta de consulta, tanto por la vía de iniciativa popular como a través de un nuevo proyecto de ley al Congreso para llamar a votación, tras ser considerada el día antes la anterior como contraria a la Carta Magna”.
Los nuevos proyectos –recordó- ya fueron presentados a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual elevó la consulta de los diputados a la Sala IV o Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el lunes estimó ilegal la controvertida norma.
La denominada Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional propone un referendo antes de las elecciones presidenciales de 2026, centrado en temas como la reforma de la legislación para regular a la Contraloría, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y una Terminal de Cruceros en la suroccidental región de Limón.
Los debates sobre la llamada Ley Jaguar propuesta por el Gobierno continuaron en las últimas horas en la Asamblea Legislativa (parlamento), que cuestiona la insistencia oficial de imponer dicha nueva versión, tras la confirmación de inconstitucionalidad contra el texto original.
El presidente de esa instancia, Rodrigo Arias, se sumó a las críticas de numerosos miembros de esa instancia contra la otra formulación del proyecto, presentada el martes por el Ejecutivo después que la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia declaró contrario a la Constitución el texto original.
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