A pesar de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los Estados, el ejecutivo liderado por Andrés Manuel López Obrador hizo la solicitud amparado en el acuerdo suscrito con Suiza el 15 de junio de 2024 para salvaguardar los intereses mexicanos en la nación sudamericana.
Para insistir en el salvoconducto a Glas, detenido durante el asalto a su embajada en Quito el pasado 5 de abril, México menciona los artículos IX, XII y XIII de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), tratado vinculante para las dos naciones.
Igualmente, la SRE pide que en tanto se emite el referido salvoconducto se tomen las medidas humanitarias necesarias para que el exvicemandatario sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro debido a su crítico estado de salud.
México recuerda que otorgó asilo político a Glas Espinel el 4 de abril de este año, lo cual fue anunciado públicamente al día siguiente mediante comunicado de prensa y transmitido oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.
Igualmente, la SRE argumenta las razones por la que otorgó el asilo al político ecuatoriano debido a la necesidad de otorgarle protección internacional como resultado de una evaluación exhaustiva de la información recibida por su parte y por parte del Gobierno de Ecuador.
La cancillería mexicana asegura que este asilo político cumple los requisitos de conformidad con los artículos I, IV y IX de la Convención de Caracas y se apoya en la observancia del principio pro persona, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El allanamiento de la sede diplomática mexicana en Quito por parte de uniformados ecuatorianos conllevó a la ruptura de relaciones entre los dos países y sendas denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
México acusó a Ecuador por infringir las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, mientras el gobierno de Daniel Noboa justificó la invasión al decir que fue un hecho excepcional y aislado que buscaba detener a un “delincuente común”, en referencia a Glas.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que policías ecuatorianos entraron a la legación para capturarlo por orden de Noboa.
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