La organización no gubernamental denunció en un comunicado que de esa cifra 86 son mujeres, una de ellas embarazada, y 250 menores de edad.
Precisó que más de tres mil 400 están encerrados bajo la polémica normativa de detención administrativa.
Ese procedimiento es utilizado por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
Desde el estallido del actual ciclo de violencia, el 7 de octubre del pasado año, el Ejército y la Policía israelíes incrementaron los arrestados en la Ribera Occidental, lo cual provocó un grave hacinamiento en sus cárceles, según la prensa de ese país.
La Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros y el Club de Prisioneros señalaron la pasada semana que al menos 20 palestinos perdieron la vida en centros penitenciarios israelíes desde esa fecha.
Ante esa situación, llamaron a la comunidad internacional a adoptar medidas para detener los crímenes cometidos en esas instalaciones.
También reclamaron la formación de un comité para investigar las torturas y maltratos contra los reclusos palestinos.
Recientemente, el presidente del Consejo Legislativo Palestino, Abdel Aziz Dweik, denunció las torturas a las que fue sometido en las cárceles israelíes y afirmó que no tienen precedente.
En junio, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos reveló testimonios de palestinos torturados en prisiones y centros de detención israelíes en los últimos meses.
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