El Plenario suscribió por unanimidad una reforma para modificar el artículo 32 de la Constitución, cuyo articulado sobre el asunto prohíbe que ningún ciudadano tico sea obligado a abandonar el país, señaló el canal Teletica.
La Asamblea Legislativa refrendó con 39 votos este lunes la propuesta, tramitada bajo el expediente 23.701, y ahora irá a consulta facultativa de la Sala Constitucional, añadió la televisora.
El próximo paso de la iniciativa en su complicado camino hacia convertirse en ley será un segundo debate y luego irá a manos del presidente Rodrigo Chaves, quien deberá incluirla en su informe de labores de mayo de 2025 y luego esperar por los resultados de tres nuevos debates.
“Llegó la hora –según la diputada Paulina Ramírez- de realizar modificaciones para que, bajo criterios supuestos y respetando derechos y garantías, cualquier costarricense que cometiera hechos delictivos en territorio de un tercer país, pueda someterse al procedimiento penal extranjero”.
Ese paso en el ordenamiento jurídico local implica que el enjuiciado puede demostrar su inocencia o bien ser sancionado y cumplir la condena, sin que pueda escudarse en la nacionalidad para evadir la justicia.
“La no extradición –explicó la legisladora- no es un derecho fundamental. Por lo tanto, permitir la extradición de personas costarricenses no lesiona el principio de progresividad de los derechos humanos”.
La reforma insiste al respecto que los únicos delitos a perseguir serán el terrorismo y el narcotráfico, aunque en discusiones previas, los diputados discutieron sobre la posibilidad de ampliar esa lista para agregar otros delitos, pero al final decidieron que, para evitar problemas de conexidad, se quedaría solo en esos dos.
El Congreso tico analiza desde mediados de julio qué decisión asumir sobre el proyecto costarricense de ley para la extradición de nacionales, excluida hasta hoy de la Carta Magna y ya aprobada por una comisión especial, comentan medios locales.
La Corte Suprema de Justicia declaró el 18 de junio que esta reforma constitucional propuesta por el Gobierno al parlamento para permitir la extradición de costarricenses por delitos extremos no altera la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial.
La iniciativa, que legalizaría dicha extradición de nacionales tampoco implicaría la creación de nuevos órganos judiciales, precisó la CSJ, citada por el diario La República.
El debate sobre el asunto –opinó el magistrado- “sigue siendo un tema polémico, con posiciones divididas tanto entre los juristas como entre los expertos constitucionalistas, lo cual anticipa una discusión intensa en el ámbito legislativo”.
La propuesta al Legislativo, cuya comisión de estudio de siete miembros fue integrada el 29 de mayo por aprobación del Congreso, incorporó una antigua sugerencia retomada de un expediente del parlamento.
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