A casi un año del crimen, el pleno del legislativo evaluará los resultados del análisis de una comisión ocasional conformada para investigar la muerte del político.
El documento aprobado en la mesa legislativa determinó que pudo haber “infracciones penales y administrativas” por parte de Lasso, del exministro del Interior Juan Zapata, así como de la cúpula de la Policía Nacional en ese momento.
Según el texto, el exgobernante incumplió su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública, lo cual derivó en una crisis de inseguridad en la que se produjo el asesinato de Villavicencio, el 9 de agosto de 2023.
El mes pasado, el Tribunal de Garantías Penales en Ecuador condenó por el homicidio a 34 años de cárcel a Edwin Angulo (alias Invisible) y Laura Castillo, considerados autor mediato y coautora del crimen, respectivamente.
Otras tres personas fueron sentenciadas como cómplices y pagarán una pena de 12 años y una multa.
Villavicencio fue acribillado a tiros cuando salía de un mitin de campaña en Quito, apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.
Luego del homicidio, un grupo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos llegó a Ecuador para colaborar con las investigaciones, por pedido del entonces presidente Lasso.
Verónica Sarauz, viuda del excandidato, dijo al diario La Hora que los representantes de esa agencia entrevistaron a los sicarios y les ofrecieron protección a cambio de llegar a los autores intelectuales, pero varios de ellos fueron asesinados en prisión.
“La fiscal general del Estado, Diana Salazar, tiene las grabaciones”, indicó Sarauz, sin embargo, en los primeros días de la audiencia nada se ha mencionado sobre ese tema.
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