El recurso, una demanda competencial presentada por el procurador Luis Huerta, está dirigido contra el Ministerio Público y el Poder Judicial y pide que el TC interprete la aplicación del artículo 117 de la Constitución y alega que las indagaciones interfieren con las funciones presidenciales de Boluarte.
Ese artículo establece que los jefes de Estado sólo pueden ser acusados durante su mandato por traición a la Patria, por impedir las elecciones y disolver el Congreso ilegalmente.
La norma fue tradicionalmente interpretada en términos literales, pero fue flexibilizada por la Fiscalía y sectores políticos para investigar al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), con el argumento de que la prohibición sólo impide acusar.
La demanda argumenta que la Presidencia de la República es el cargo más importante y que Perú tiene un régimen presidencial atenuado, lo cual no puede alterarse por interpretaciones pues ha debilitado al Poder Ejecutivo.
Pese a que el actual primer ministro Gustavo Adrianzén declaró durante el gobierno de Castillo que este podía ser investigado y así lo sostenían fuerzas políticas afines al actual gobierno, el recurso del procurador señala que esa flexibilización y normas más recientes debilitan al Ejecutivo.
Los parlamentarios progresistas Jaime Quito y Guido Bellido criticaron la demanda gubernamental y afirmaron que solo busca eludir las investigaciones.
Quito dijo que la presidenta debe dejar que prosigan las pesquisas sin ninguna interferencia y más bien debería aclarar su situación, pero si apela a “leguleyadas” (maniobras judiciales indebidas) va a dar una mala señal.
Para Bellido, Boluarte está recurriendo a sus amigos del TC que, según dijo, actúan de modo complaciente con el Ejecutivo y el Legislativo de mayoría conservadora, en lugar de dejar que sigan las pesquisas.
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