El mandatario –comentó el diario La República- calificó de charlatanería, hipocresía y politiquería que los miembros de la Asamblea Legislativa (Parlamento) actuaran así ante la iniciativa oficial, relegada este martes a los archivos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de la también llamada Sala IV desestimó la presunta legalidad del proyecto oficial, cuya tendencia a desconocer la fiscalización de entidades estatales como la Corte Suprema de Justicia generó críticas entre legisladores y funcionarios del Estado.
El anuncio sobre el envío del texto a archivo por el alto tribunal, que ya el 29 de julio lo declaró “inconstitucional” y el Gobierno reaccionó un día después con una nueva versión, interrumpió un debate parlamentario de varias semanas, agudizado por la propia presentación del otro texto, según el diario Delfino.cr.
La entidad defensora de la Carta Magna respondió así a una consulta suscrita por diputados de los partidos Liberal Progresista y Liberación Nacional, sobre si era o no legal el texto de la llamada “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, implementado para aprobarlo en un referendo.
Los magistrados, que dispusieron el envío a archivo de la legislación mediante la resolución 2024-22231, declararon inconstitucionales todos los artículos del proyecto inicial, sometidos al análisis del Tribunal Supremo de Elecciones, añade Delfino.cr.
Las reiteradas críticas al proyecto por diputados, funcionarios y mecanismos fiscalizadores como la propia Contraloría, contra el intento oficial de pasar un nuevo proyecto legislativo, originaron una de las principales polémicas nacionales de los últimos tiempos, según medios de prensa.
El legislador y jefe de la fracción del Frente Amplio Antonio Ortega caracterizó de “venta de humo” la presentación el 30 de julio por el Ejecutivo de esa otra versión de la ley para someterla a un referendo.
La autoridad de la formación izquierdista censuró la característica de la propuesta de norma de limitar la fiscalización de la Contraloría, respecto a lo cual coincidió con numerosos colegas de otros partidos.
Según el diputado progresista, lo que busca el Ejecutivo es “vaciar de contenido la legislación respecto a la administración pública, a la contratación y a los roles de la Contraloría para evitar denuncias y fiscalizaciones de actos de corrupción”.
La denominada Ley Jaguar, para un presunto desarrollo nacional, propone un referendo antes de las elecciones presidenciales de 2026, centrado en temas como la reforma de la legislación para regular a la Contraloría.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, se sumó a las críticas de numerosos miembros de esa instancia contra la segunda formulación del proyecto presentada por el Ejecutivo.
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