Según datos del Ministerio del Interior, revelados por medios locales de prensa, los primeros seis meses de 2024 acumularon 92 matanzas y tres mil 37 homicidios intencionales del año ocurrieron bajo esa modalidad.
De acuerdo con esas cifras, a escala regional, la mayoría de los homicidios múltiples se cometieron en provincias de la Costa, principalmente Guayas y Manabí.
No obstante, el Gobierno se contradice con las cifras sobre la violencia que azota el país andino.
El pasado jueves, el Ejecutivo evaluó la situación de seguridad aquí y concluyó que el mes de julio fue el menos violento de este año con una reducción del 27 por ciento de las muertes violentas a nivel nacional.
Sin embargo, un boletín de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia contradijo lo afirmado por la ministra del Interior, Mónica Palencia.
Con un gráfico que cita como fuente la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) de la Policía, la Secretaría mostró que julio no es el mes menos violento en lo que va de este año, sino que es el segundo con más homicidios.
De acuerdo a la información presentada, julio acabó con 580 asesinatos, 14 homicidios menos que junio. Además, la imagen mostró que el mes de este año con menos crímenes contra la vida fue febrero, con 368 víctimas.
No obstante, Palencia reconoció que la situación de violencia en Ecuador es cíclica y destacó que en los primeros siete meses del año hubo una reducción del 17 por ciento de los asesinatos.
Pese a los datos que el Ejecutivo divulga, persisten los hechos delictivos y los reclamos para adoptar medidas urgentes e integrales para poner freno a la crisis.
En Ecuador, siete provincias, incluida Guayas, se encuentran bajo estado de excepción y, además, rige desde enero la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el presidente Noboa busca frenar la inseguridad y el crimen organizado.
Mientras, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el trámite de juicio político contra Palencia, debido a la persistente inseguridad en el país y este miércoles la Comisión de Fiscalización iniciará el proceso judicial contra la funcionaria.
La legisladora del movimiento Revolución Ciudadana Paola Cabezas presentó la nueva solicitud para enjuiciar a la funcionaria, que ya enfrenta un pedido de juicio en el Parlamento por incumplimiento de funciones en el asalto a la embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.
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