La víspera, el directorio de la compañía anunció el fin de las operaciones bajo el argumento de una “situación financiera insostenible” y prometió aplicar un “robusto plan de salida” para los trabajadores, que incluye compensación económica, capacitación y soporte para su reinserción.
Sin embargo, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, calificó la decisión como una mala noticia y advirtió que más de 20 mil personas quedarán sin empleos, lo cual traerá impactos negativos en la región. Díaz insistió en la importancia de mantener la esencia industrial en esa zona, ya que es el sector que paga los mejores salarios a los trabajadores.
La clausura de la siderúrgica se da a pesar de que la compañía exigió hace varios meses a la Comisión Antidistorsiones la aplicación de sobretasas a la importación de las barras de acero de origen chino.
Su quiebre confirma las tesis de algunos economistas, que vinculaban los problemas en la planta a ineficiencias y no a una eventual competencia desleal de empresas del gigante asiático.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, calificó de inaceptable el cierre de la industria por la falta de un acuerdo con la empresa Molycop.
Grau calificó la noticia como devastadora y acusó a la compañía de no haber hecho los esfuerzos necesarios para la estabilización de sus finanzas, tras la aplicación de las sobretasas.
El país, los sindicatos, todo el mundo hizo un esfuerzo importante para generar condiciones que permitieran a la compañía desarrollarse de buena manera y es la empresa la que ha fallado, dijo Grau.
La planta suspenderá los procesos de producción de coque, el funcionamiento de los altos hornos, la acería, colada continua y laminación de productos de acero.
Ante el anuncio de que la siderúrgica de Huachipato decidió suspender indefinidamente las operaciones, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, llamó al Gobierno y a los empresarios a evitar un nuevo caso Lota.
Recordó que el cierre definitivo de los yacimientos carboníferos de Lota, en 1997, significó la precarización de la vida de cientos de miles de habitantes de la octava región.
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