Los integrantes de la mesa, todos integrantes del bloque de bancadas derechistas que integran la mayoría congresal, descartaron así la propuesta de su presidente, Eduardo Salhuana, de suspender el beneficio cuyo otorgamiento es materia de rechazo generalizado.
“Lo que se ha aprobado es que se soliciten informes a destacados profesionales constitucionalistas, pero también a la Oficina Legal del Congreso de la República”, señaló la primera vicepresidenta del Legislativo, Patricia Juárez, del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), primera minoría del fragmentado Legislativo.
Añadió que votó en contra, aunque dijo que confía en que las consultas acordadas, que incluyen al departamento legal del Congreso, dejen la decisión en manos de la Oficialía Mayor, la cual confía que ratifique la pensión otorgada.
Otro de los vicepresidentes, Alejandro Cavero, ultraderechista de un partido afín a FP, dijo también que el tema debe mantenerse en el ámbito administrativo y estuvo de acuerdo con Juárez en que la Mesa Directiva no tome ninguna decisión porque el tema no es supuestamente político, sino administrativo.
El congresista de izquierda Jaime Quito emplazó a la dirección parlamentaria a tomar una decisión, pues darle una pensión a un expresidente de mano dura condenado como autor mediato de matanzas y gran corrupción es una decisión política.
Además, dijo, la Constitución establece claramente que a los expresidentes acusados de delitos graves se les suspende el pago de la pensión, salvo que sean absueltos, y el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, ajeno al progresismo, señaló que es obvio que si se trata de un condenado es obvio que no puede recibir pensión.
Quiroga coincidió con la mayoría de los constitucionalistas en que el indulto solo exonera al reo de terminar de cumplir la pena, mas no anula la condena y el beneficiado no deja de ser culpable.
Juárez y Cavero alegaron que, en todo caso, el Congreso debe dejar en manos del Ejecutivo el tema para el futuro y coincidieron en el rechazo a la suspensión del pago a Fujimori.
“Que los fujimoristas paguen la pensión con su plata al condenado por homicidio, secuestro y corrupción, Alberto Fujimori; Ni un centavo para los homicidas”, comentó el analista político Angel Páez.
De otro lado están pendientes los pedidos de la parlamentaria centrista Susel Paredes al Ministerio Público, de una investigación a los funcionarios del Congreso, miembros de partidos de la dirigencia parlamentaria, que decidieron el pago.
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