Se trata de los curas de la Compañía de Jesús Osvaldo A. C. P., Bernardo L. M. V., e Ignacio S. E., quienes encubrieron al fallecido arzobispo Alejandro Mestre, quien agredió a un niño de una escuela de La Paz.
En la Fiscalía Departamental se emitió «el requerimiento de imputación formal en contra de estos tres sacerdotes que conforman la Compañía de Jesús por el delito de encubrimiento a favor del entonces arzobispo de La Paz, Alejandro Mestre”, afirmó el fiscal general, Juan Lanchipa.
De acuerdo con las pesquisas de una comisión de fiscales, los tres jesuitas tenían conocimiento de los vejámenes que cometió Mestre contra un menor en 1961.
El entonces arzobispo era el encargado de una unidad educativa en la ciudad de La Paz y agredió sexualmente a uno de los estudiantes, este hecho se registró en dos ocasiones, pues aprovechó que el menor guardó silencio por temor y vergüenza.
Según el Ministerio Público, en noviembre de 2021, el entonces encargado de ambientes sanos de la curia provincial, Osvaldo A.C.P., se enteró del hecho y remitió el caso al jefe provincial de la Curia de esa gestión, Ignacio S. E., quien instruyó la apertura de una investigación sobre la base del derecho canónico que rige a la Iglesia Católica.
La investigación fue dirigida por Osvaldo A.C.P., quien determinó cerrar el caso y lo puso en conocimiento del actual Provincial Bernardo L. M. V., el cual tras revisar los antecedentes cerró el expediente, informó la Fiscalía.
Pese a poseer esa información acerca del hecho delictivo, los ahora sindicados no remitieron el caso a las autoridades de la justicia boliviana para realizar la investigación penal, en una aparente “intención de encubrir” las agresiones sexuales de Mestre, en opinión de la Fiscalía.
No fue hasta mayo de 2023, que los ahora procesados formalizaron la denuncia, tras conocerse el caso del cura pederasta Alfonso Pedrajas (alias Pica), y el Ministerio Público anunció la investigación de oficio en contra de los jesuitas agresores de menores.
Ante esta situación, la Fiscalía pide la detención domiciliaria de los tres imputados, arraigo, la obligación de presentarse ante la autoridad que el juez designe y prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima.
Estas medidas deben ser determinadas en una audiencia de medidas cautelares.
Por su parte, en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv, el exjesuita Pedro Lima denunció este viernes que el Estado Vaticano negó poseer información sobre este caso ante un requerimiento del Ministerio Público, lo cual conforma su falta de voluntad de cooperar.
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