Aunque cinco personas fueron condenadas como responsables materiales del homicidio, la Fiscalía señaló que la investigación continúa para hallar quiénes realmente están detrás de ese delito.
El mes pasado, el Tribunal de Garantías Penales en Ecuador condenó por el homicidio a 34 años de cárcel a Edwin Angulo (alias Invisible) y Laura Castillo, considerados autor mediato y coautora del crimen, respectivamente.
Otras tres personas fueron sentenciadas como cómplices y pagarán una pena de 12 años y una multa, mientras que otros siete implicados fueron asesinados en prisión pocos meses después del suceso.
Las imágenes del ataque, ocurrido cuando Villavicencio salía de un mitin de campaña en Quito, dieron la vuelta al mundo y hubo gran conmoción en Ecuador apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.
El asesinato sacudió el escenario previo a los comicios y hubo una narrativa que intentó culpar de la tragedia al movimiento correísta Revolución Ciudadana, cuya candidata, Luisa González, encabezaba encuestas en ese momento y perdió en el balotaje frente a Daniel Noboa.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos participó en las pesquisas, sin embargo, un año después, persisten las interrogantes.
La Fiscalía dice tener pistas sobre los autores intelectuales, pero la investigación está bajo reserva, publicó el canal local Ecuavisa.
La familia del político -conocido por su enfrentamiento ideológico con el expresidente Rafael Correa- comentó a medios locales que ya no cree en la actuación de la Fiscalía y reiteró que hubo negligencias de las autoridades de turno.
Según declaró la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, hubo acciones indebidas por parte del grupo de inteligencia y varios actores políticos, pues «sabían una semana antes que Fernando iba a ser asesinado y lo callaron».
Anunció que presentarán una denuncia contra quienes creen cree que son los responsables de haber participado en lo que Sarauz denominó como un complot.
Además, el crimen puso en el centro del debate la seguridad de las figuras políticas en Ecuador, varias de ellas también asesinadas antes y después del atentado contra Villavicencio.
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