La Oficina de Derechos Humanos del organismo aseguró que la normativa resulta preocupante en un contexto más amplio de retrocesos en materia de las garantías fundamentales y el estado de derecho en el país sudamericano.
La ley, promulgada este viernes por el Congreso de Perú, establece que ningún hecho ocurrido antes de la fecha marcada puede ser tipificado como crimen de lesa humanidad o de guerra.
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, dijo al respecto el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk.
La promulgación genera especial preocupación porque pone fin al proceso judicial en curso contra el expresidente Alberto Fujimori, y las investigaciones de atropellos de los derechos humanos de las décadas del 80 y el 90 del siglo pasado.
Además, anulará sentencias ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno del exmandatario.
A juicio de Türk, los responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, en cumplimiento con el derecho internacional.
“La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuandoquiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú”, recalcó el alto comisionado.
La legislación forma parte de una ofensiva de la mayoría conservadora del parlamento para aprobar leyes y reformas constitucionales en ámbitos electoral y otros, cuestionadas por favorecer a los intereses de ese sector político.
El efecto de la norma dará lugar no solo a la anulación de la condena de Fujimori, excarcelado en un polémico indulto, sino también a la libertad de los integrantes del paramilitar Grupo Colina, ejecutor de dos matanzas de civiles inocentes por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
Igualmente, podría beneficiar a militares juzgados por la violación masiva de campesinas de la localidad andina de Manta y los ex ministros de Salud investigados por la esterilización forzada o no informada de indígenas que afectaron a unas 350 mil mujeres y 25 mil hombres.
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