Esta nueva solicitud a la también llamada Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca autentificar en particular los artículos 2, 4 y 5 del proyecto de ley, cuyo texto íntegro ya fue declarado contrario a la Carta Magna en esa instancia.
El pedido del TSE está amparado por los artículos 96 inciso d) y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, invocados en este caso para determinar si el texto propuesto por el Gobierno para consulta popular obra de acuerdo con la Constitución Política vigente en el país.
La institución electoral, que comunicó antes su decisión de esperar para pronunciarse la redacción integral sobre la anterior sentencia de inconstitucionalidad de la Sala IV, y un informe del parlamento, decidió proceder con la consulta tras la solicitud de dos parlamentarios gestores de la iniciativa.
Los diputados pidieron retirar la primera versión del proyecto y sustituirlo por una nueva versión concebida por el Ejecutivo, cuya presentación ante el plenario, tras ser declarada inconstitucional por la Sala IV, originó el rechazo de legisladores defensores de los mecanismos fiscales desconocidos por la citada Ley.
Los argumentos del principal de estos últimos, la Contraloría General de la República, constituyeron importantes elementos técnicos incluidos en esta segunda consulta, que busca asegurar la legitimidad del proyecto antes de someterlo a un presunto referendo.
El TSE remitió también el texto a la Asamblea Legislativa para que su Departamento de Servicios Técnicos lo evalúe de manera formal, conforme con la Ley de Regulación del Referendo.
La noticia sobre el envío del texto a archivo por el alto tribunal, que ya el 29 de julio lo declaró “inconstitucional” y el gobierno reaccionó un día después con una nueva versión de la ley, interrumpió un debate parlamentario de varias semanas, agudizado por la propia presentación del otro texto.
La entidad defensora de la carta magna respondió así a una primera consulta suscrita por diputados de los partidos Liberal Progresista y Liberación Nacional, sobre si era o no legal el texto de la Ley, implementado para aprobarse en un referendo.
Las reiteradas críticas al proyecto por diputados, funcionarios y mecanismos fiscalizadores como la propia Contraloría contra el intento oficial de pasar un nuevo proyecto legislativo originaron una de las principales polémicas nacionales de los últimos tiempos.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, se sumó a las críticas de numerosos miembros de esa instancia contra la segunda formulación del proyecto presentada por el Ejecutivo.
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