El aviso del reinicio de las hostilidades entre las Fuerzas Armadas y esa agrupación insurgente marcó un revés en las aspiraciones de paz, que aconteció justo en la misma semana en la que nuevos espacios de conciliación se abrían con otros grupos armados.
La imposibilidad de acordar una extensión del cese al fuego, que expiró el pasado 3 de agosto y estuvo vigente por un año, marcó la reanudación de operaciones militares entre ELN guerrilla y Gobierno, según afirmó el pasado lunes el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Pocas horas después de ese anuncio, el ELN dio un plazo hasta el próximo 23 de agosto al Gobierno colombiano para publicar un decreto presidencial donde se consigne la retirada de esa estructura de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO).
En un mensaje en redes sociales y firmado por el Comando Central, esa insurgencia refirió que, si la disposición se hace pública en ese lapso, su Delegación de Diálogos será orientada para asistir a una reunión extraordinaria con su contraparte gubernamental para discutir sobre la prolongación del cese de las hostilidades.
Si bien aclaró que no adelantaría durante ese periodo operaciones ofensivas contra las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano, especificó que haría uso del derecho a la legítima defensa si sus unidades guerrilleras son atacadas, o si las fuerzas del Estado avanzan amenazando sus posiciones.
La solicitud no fue sino una reiteración de una condición ya pedida antes, y a la que el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, calificó como muy difícil pues supone la aprobación de una ley.
Refirió que esa agrupación armada ya es considerada como un actor político, pues existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita en esa categoría y también su calidad de organización armada rebelde.
No obstante, el ELN considera que es insuficiente una resolución y clama por un decreto como paso previo para volver a sentarse a dialogar.
Los roces entre ambas partes aumentan desde hace meses y uno de los puntos sensibles es que esa insurgencia le achaca a su contraparte la creación de una disidencia de esa estructura guerrillera en Nariño, conocida como Comuneros del Sur.
El pasado 7 de mayo, el ELN informó que separó de sus filas a dicha organización liderada por Gabriel Yepes, alias HH.
Ante ese anuncio, el Gobierno comunicó que, tomando en cuenta su disposición para dialogar, daría a ese frente un tratamiento como grupo distinto e independiente de la organización nacional, y ya el pasado 3 de agosto firmaron una hoja de ruta que establece un marco de acción para detener las agresiones armada en esa región del suroeste.
También en el trascurso de esta semana, se hicieron públicos dos decretos firmados por el presidente, Gustavo Petro, en los que se autorizan la instalación de “conversaciones sociojurídicas” con los grupos criminales Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Los Pachenca.
Los documentos informaron acerca de las personas que integrarían las conversaciones por parte del Gobierno, al tiempo que aseveraron que la misión de dichos espacios será verificar la voluntad de esos grupos de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos y sometimiento a la justicia en los términos que permita la Ley.
A diferencia del resto de las asociaciones armadas en diálogos con el Gobierno, a estas dos últimas agrupaciones no se les ha reconocido un estatus político por lo cual con ellas se entablan conversaciones sociojurídicas, según se especificó.
Por otra parte, se realizó el pasado jueves 8 en Cúcuta, en el norte del país, una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogos de Paz del Gobierno de Colombia con delegados de los bloques Jorge Suárez, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes, facción del autodenominado Estado Mayor Central que se mantiene en las pláticas.
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