En total, serán cinco días de sesiones destinados a escuchar 11 personas. Todos los acusados en la acción penal tienen derecho a seguir las audiencias del STF por videoconferencia.
Trece disparos de una subametralladora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban Franco y Gomes en la noche del 14 de marzo de 2018 en Río.
La concejala regresaba a su casa, tras participar en un debate con jóvenes negras, cuando su auto fue baleado: ella recibió disparos en la cabeza y el chofer en la espalda.
Formulada por el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, la citación fue hecha para ocho testigos de acusación del diputado federal Chiquinho Brazão, de su hermano, el consejero del Tribunal de Cuentas Domingos Brazão, del exasesor Robson Calixto Fonseca, del exjefe de la Policía Civil de Río Rivaldo Barbosa y del mayor Ronaldo Paulo de Alves Pereira.
En junio, la primera sala del Supremo confirmó a los cinco acusados por la Fiscalía General de la República e imputó los delitos de homicidio calificado en el sonado caso.
También por intento de asesinato de Fernanda Gonçalves Chaves, asesora de la concejal que estaba en el automóvil en el momento del ataque y sobrevivió al atentado.
Además, los hermanos Brazão y Robson Calixto Fonseca, conocido como Pescado, responden en la acción penal por organización criminal.
Todos ellos tienen derecho a seguir las audiencias junto con sus abogados. Los defensores podrán hacer preguntas a los deponentes y presentar documentos que consideren relevantes.
Tales audiencias serán conducidas por el juez Airton Vieira, auxiliar del gabinete de De Moraes, por videoconferencia, desde la sede del Supremo, en Brasilia.
Los expolicías Ronnie Lessa y Elcio de Queiroz, confesos ejecutores del hecho de sangre, también están en la lista.
Entre los testigos llamados aparece el miliciano Orlando Oliveira Araújo, el primero en ser señalado como sospechoso del homicidio. Fue él quien acusó a Barbosa de aceptar sobornos para inculparlo.
De igual manera, el delegado y los dos agentes responsables de las investigaciones del caso en la Policía Federal fueron citados.
Según el diputado Tarcisio Motta, con el homicidio de Franco se pretendía intimidar a quien enfrentaría los intereses de las milicias en Río, en decisiones políticas.
npg/ocs
