Mediante un comunicado, el ente explicó que la acción responde a las evidencias obtenidas durante una investigación exhaustiva y rigurosa, dictada debido a la posible comisión del delito de financiamiento electoral no autorizado.
Así también, describió la fiscalía, se autorizó el secuestro de dispositivos móviles, así como la extracción de la información que será de trascendencia para fortalecer la pesquisa en curso.
Previo a su arresto, Hernández expuso en su perfil en la red social X la existencia de una orden en su contra y acusó al MP de cometer una nueva injusticia.
“Como parte del mal llamado caso Corrupción Semilla han girado una orden de captura en mi contra y por más que quieran criminalizarme yo no les tengo miedo”, subrayó.
Este desesperado ataque no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir y extinguir todo intento por recuperar nuestro país que ha sido capturado por un grupito de criminales que se niega a soltar un poder que ya no les pertenece, agregó.
“¿Cuántas personas honestas más tienen que ser perseguidas, encarceladas, forzadas al exilio para que nos demos cuenta de que ya es suficiente? La respuesta es clara o gana el MP o gana Guatemala”, cuestionó Hernández.
El diputado del bloque independiente Semilla Samuel Pérez manifestó que Hernández es una mujer incorruptible, profesional y este es un caso completamente inventado.
“Es una medida para intentar intimidar al Gobierno y a algunos diputados en el Congreso comprometidos con la democracia”, aseveró.
Hay varias personas del partido en riesgo, denunció el legislador, quien consideró que existe una estrategia preparada, por lo cual esto no nos agarra por sorpresa.
Sin embargo, llamó la maniobra un descaro por parte del MP, “pasan límites que no son tolerables y la respuesta va a ser igual de contundente”, afirmó Pérez.
Organizaciones sociales y analistas señalan desde el 2023 lo inaudito de un caso declarado “bajo reserva”, la persecución continua contra el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su fuerza política, así como la violación por parte de la Fiscalía de la Ley Electoral.
El entonces mandatario electo denunció que la Fiscal General y titular del MP Consuelo Porras encabezaba un intento de golpe de Estado para evitar que tomara posesión el 14 de enero de este año.
Arévalo ha enfrentado en estos más de seis meses un camino lleno de obstáculos e incertidumbre debido a la oposición por parte de la Fiscalía, que, asegura, su partido fue conformado en 2018 con firmas falsas.
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