La iniciativa que recibió la comisión permanente de Gobierno es defendida por el diputado Enzo Polo, del partido oficialista Realizando Metas, y busca tipificar como delito el cierre de calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles y otras rutas de tránsito.
En un comunicado, la organización sindical señala que detrás de ese proyecto está la élite empresarial y el gobierno de derecha que ya han visto de lo que el pueblo Es capaz de hacer en defensa de sus legítimos derechos y de la patria, como ocurrió en julio de 2022 y en octubre y noviembre del 2023, estas últimas manifestaciones contra la minería metálica a cielo abierto.
Para la CNTP, ese grupo de empresarios y elites en contubernio y con el beneplácito del Ejecutivo necesitan una ley que judicialice las protestas que sobrevendrán tras planes que apuntan a privatizar la Caja de Seguro Social, abrir la mina de cobre de Donoso (Colón) y hacer desalojos forzados y represivos en comunidades, entre otras arbitrariedades.
También pretenden enfrentar con cárcel a quienes acudan al derecho constitucional de manifestarse contra políticas como las de imponer los embalses y reservorios de agua en Río Indio, hacer reformas regresivas al código de trabajo y aplicar más impuesto al pueblo trabajador, según ese texto.
Ya en el pasado reciente la Corte Suprema de Justicia declaró Inconstitucional la Ley 14 que condenaba con prisión hasta seis meses a dos años a quien obstaculizara la libre circulación, recordó la declaración.
A juicio de la CNTP, el la actual administración debería concentrase en atender a la gente con sus necesidades y promesas incumplidas y no mandar a los antimotines a reprimir.
«Mientras existan múltiples problemas y situación insatisfecha a la población, tendrán a los cientos de miles de ciudadanos en las calles luchando, marchando y protestando», remarcó el mensaje.
La CNTP exige a los artífices maquiavélicos de la asamblea, a las elites de la burguesía y al mismo gobierno hoy presidido por José Raúl Mulino (quien en otras épocas protestó, marchó y cerro calles), que de una vez por todas se retire y archive en primer debate este mamotreto y lesivo anteproyecto de Ley, apuntó ese texto.
Sobre las protestas sociales, el colectivo exige además que se respete el legítimo derecho de primera generación establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política de la República de Panamá.
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