Muñoz dijo que denunció ante la Fiscalía el presunto delito de usurpación de funciones por parte de sus colegas.
“Mi cargo no es de libre remoción, mi cargo es para tres años según la Constitución y el propio Código de la Democracia, de manera que ese acto es totalmente nulo, ilegal”, señaló en entrevista al canal local Teleamazonas.
En su opinión, la “quiebra” ocurrida en el TCE “generará alertas internacionales sobre la idoneidad” de la institución en los procesos legales relacionados con las próximas elecciones.
Quien ocupó el puesto de Muñoz fue la jueza Ivonne Coloma, para quien no hubo ninguna irregularidad y aclaró que el magistrado solamente fue removido por mala gestión administrativa y podrá continuar como juez del TCE.
Si bien Coloma niega la existencia de un trasfondo político en la destitución de Muñoz lo cierto es que los tiempos coinciden con los preparativos para las elecciones generales de 2025, cuando los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, legisladores y parlamentarios andinos.
El TCE tiene pendiente, entre otros casos, una causa contra la vicepresidenta, Verónica Abad, por supuesta infracción electoral, y si la pierde no podrá asumir la presidencia cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, pida licencia para hacer campaña por la reelección.
Además, según se supo este miércoles, el magistrado destituido de la jefatura del TCE estará a cargo del trámite de la denuncia por violencia política de género presentada por Abad contra Noboa y otros tres altos funcionarios del Gobierno.
A su vez, Ecuador se encuentra en medio de las primarias dentro de las organizaciones políticas, que tienen hasta el 17 de agosto para definir sus candidatos a los comicios en 2025.
Posteriormente hay un periodo abierto para impugnaciones, las cuales deberán ser resueltas por ese mismo TCE que se encuentra en medio de la polémica nacional.
rgh/avr
