Abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2017, la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI-5667) cuestiona el texto dado por una disposición al Código Brasileño de Aeronáutica.
En este sentido sobre procedimientos de indagación del Sistema de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Sipaer) y el secreto de las pesquisas que involucran contingencias aéreas.
Tal caso entró en la agenda del Supremo como primer punto a ser juzgado, después de la repercusión del accidente del avión de la empresa VoePass que cayó el 9 de agosto, en Sao Paulo.
Entre las víctimas del siniestro hay 58 pasajeros y cuatro tripulantes (sin sobrevivientes). Los cuerpos están siendo enviados al Instituto Médico Legal (IML) de Sao Paulo.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó que, a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), se activó para actuar en el desplome del aparato, modelo ATR-72, con matrícula PTB 2283.
También la Policía Federal trabaja en las investigaciones de la tragedia.
En el caso del STF, mediante la ADI 5667, la PGR cuestiona, por ejemplo, la prioridad dada al Sipaer en el acceso a los elementos de interés para la investigación y en su custodia, incluyendo las cajas negras y sus grabaciones.
Persiste la discusión si las conclusiones técnicas obtenidas de las investigaciones en los lugares de incidentes aéreos son válidas como prueba en la Justicia.
El sistema está bajo la responsabilidad del Cenipa. Cuando ocurre un accidente con aeronaves, como el ocurrido el viernes en el municipio Vinhedo (interior paulista), equipos del centro van al lugar, en el cual están los escombros para verificar las causas.
Una ley de 2014 modificó el Código Aeronáutico Brasileño, previendo que las conclusiones de los técnicos, por regla general, no serían utilizadas como pruebas en procesos judiciales.
La legislación establece que el uso del material como prueba depende de la decisión de la Justicia. Además, restringe el acceso a los restos de aeronaves accidentadas.
Por regla general, el material solo puede ser registrado o removido por expertos de la policía, por ejemplo, con la autorización del comandante de la investigación, que también tendrá la custodia de los bienes.
Sin embargo, la PGR señaló que las restricciones de acceso violan principios constitucionales como el debido proceso legal, el contradictorio y la amplia defensa.
Además, sostuvo que la ley, al requerir autorización judicial para acceder a los datos, interfiere en el poder de investigación del Ministerio Público.
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