Llaitul, de 56 años, inició el ayuno el pasado 3 de junio para exigir la anulación del juicio en su contra, la liberación de presos mapuche y condiciones carcelarias dignas para los miembros de las comunidades originarias.
El líder de la CAM fue condenado el 7 de mayo a 23 años de prisión: 15 de ellos por incitación y apología a la violencia, cinco por hurto de madera y otros tres por atentado a la autoridad.
La defensa rechazó la aplicación en democracia de la Ley de Seguridad Interior del Estado a un líder del pueblo nación mapuche y la utilización de testigos protegidos para el logro de una larga sanción que consideró injusta.
“Mi papá se encuentra en un estado crítico, delicado. Recordemos que él ya ha hecho varias huelgas que deterioraron su salud y tiene problemas crónicos como hipertensión y trombosis”, declaró su hijo Ernesto Llaitul.
El joven no descartó que pueda producirse un desenlace fatal cualquier día.
La familia reclama acelerar su traslado a la cárcel de Temuco, donde se encuentra detenido su otro hijo, Pelentaro, y en la que hay un módulo especial para comuneros indígenas.
Con más de un millón de habitantes, el mapuche es el pueblo originario más numeroso de Chile y mantiene un conflicto histórico con el Estado debido al despojo de sus tierras ancestrales.
Durante los últimos años se registraron en la llamada Macrozona Sur actos de violencia que provocaron la muerte de indígenas, colonos y efectivos de las fuerzas del orden, y también incendios a predios y maquinaria agrícola.
En una reciente visita a Chile, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, consideró la necesidad de levantar sin demora el estado de excepción en las regiones de La Araucanía y el Bíobío.
La funcionaria lamentó los recientes asesinatos ocurridos allí, los incendios intencionales y la violencia armada.
Pero también deploró las sentencias duras y discriminatorias en la aplicación de la ley y el hecho de que muchos presos mapuches recurran a huelgas de hambre por solicitudes de beneficios a los que ya podían tener derecho.
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