Tras conocerse la decisión del presidente Javier Milei de desmantelar el organismo encargado de apoyar la labor de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Kicillof se reunió con la titular de esa organización, Estela de Carlotto, y comunicó que un ente similar será habilitado en ese territorio.
Mediante el decreto 727/2024, Milei derogó el 715 del 9 de junio de 2004, a través del cual fue creada la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI).
Con esa acción, la Comisión por el Derecho a la Identidad (Conadi) no podrá dirigir indagaciones ni acceder a archivos para contribuir a la lucha llevada a cabo por Abuelas desde hace 47 años para recuperar a cientos de pequeños arrebatados a sus familias.
Ayer nos enteramos que por decisión del presidente se avanzó en el desmantelamiento de la Conadi. Seguiremos buscando a los 300 nietos que faltan y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor las Abuelas. En nuestra provincia continuaremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, aseveró el gobernador en su perfil en la red social X.
Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos agradeció el respaldo de Kicillof y recordó que la práctica sistemática del robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace 12 años.
Se trata de un delito que implicó, además, el secuestro, desaparición, la realización de partos en condiciones infrahumanas y el asesinato de nuestras hijas y nueras, señala un comunicado de Abuelas.
Es obligación de todos los poderes del Estado garantizar el cese del crimen de apropiación. En tal sentido, exigimos al Gobierno que informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la UEI, central para esclarecer ese delito de lesa humanidad, añade el texto.
Asimismo, advierte que, al desfinanciar, vaciar y eliminar organismos de ese tipo, se incumplen normas internacionales de rango constitucional y se garantiza la impunidad a los autores de crímenes pasados, pero también por suceder.
La decisión del Gobierno obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y favorece la impunidad. No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras acciones que atacan los derechos de la ciudadanía, indica.
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