El temor se debe a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC), cuyos integrantes fueron designados por el Congreso de mayoría conservadora y que ha emitido fallos favorables al Legislativo que han dado más poder a este, rechace el recurso de inconstitucionalidad contra la ley y le otorgue plena validez.
“El código procesal constitucional señala que cuando el tribunal ha confirmado su validez, luego los jueces no pueden inaplicarla”, advirtió la constitucionalista Beatriz Ramírez.
En tal caso los jueces no tendrían la posibilidad de aplicar el llamado control de constitucionalidad, o sea hacer prevalecer los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano que que tienen validez y lo obligan a sancionar crímenes contra los derechos humanos, sin que puedan prescribir.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dijo tras la aprobación de la ley por el impopular Congreso -que tiene más de 80 por ciento de desaprobación en las encuestas- que los jueces podrán decidir si aplican o no la ley.
La norma plantea la prescripción de aproximadamente 600 casos de matanzas, desapariciones, torturas y otros crímenes atroces cometidos antes de julio de 2002, lo que abarca a toda la etapa del llamado conflictto armado interno (1980-2000)
La jurista Ramírez opinó además que es muy difícil que el TC respalde el recurso anunciado por la Junta de Fiscales Supremos, pues tal decisión requiere de mayoría calificada, es decir cinco de los siete integrantes del tribunal y basta que solo tres se opongan para que el recurso sea rechazado.
El abogado Heber Campos advirtió que, de imponer el TC la aplicación de la ley, estaría violando “compromisos internacionales que ha adoptado el Estado peruano en materia de protección de derechos humanos”, algo que ya hizo al validar el indulto ilegal otorgado al exgobernante Alberto Fujimori.
En ese contexto, la Corte Suprema estableció lo que puede ser un precedente, al rechazar el pedido del general retirado y exministro del Interior, de que quede sin efecto la sentencia de 12 años de cárcel que cumple como autor mediato del asesinato,en 1988, del periodista Hugo Bustíos, en el marco del conflicto interno.
La corte estableció que el crimen, por su extrema crueldad, fue una grave violación de los derechos humanos que no puede dejarse impune invocando una norma interna pues “la imprescriptibilidad de estos crímenes es propia del derecho internacional consuetudinario.
El jurista Campos saludó el fallo y calificóp como impecable el criterio de la Corte Suprema que, dijo, confirma que las violaciones graves a los derechos humanos no prescriben, porque asi lo prevé el derecho convencional desde los juicios de Nuremberg (procesos a los criminales de guerra nazis).
“La justicia siempre se abre camino”, apuntó la exministra de Justicia, Marisol Pérez, al destacar que la corte dejó en claro que los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo cual “se acabó la impunidad”.
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