Según ese medio de prensa, los legisladores realizaron el pedido ante el Consejo de la Magistratura y exigieron esclarecer qué pasó con los celulares del agresor y varios testigos, cuyos datos fueron borrados.
El 1 de septiembre de 2022 Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de exmandataria cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.
Aunque apretó el gatillo, el arma no se disparó y el individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal.
La exjefa de Estado denunció la participación de agrupaciones extremistas y políticas en la organización y financiamiento del atentado y acusó a Capuchetti de entorpecer y demorar las indagaciones cuando se hallaron pruebas que apuntaban a miembros de Revolución Federal y el partido Propuesta Republicana (PRO).
Fernández y sus abogados solicitaron investigar la presunta relación del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman con el hecho y la implicación de la líder del PRO y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la eliminación de la información de los móviles.
La entonces vicepresidenta publicó un video en la red social X, en el que se señala que “la investigación sobre lo ocurrido comenzó muy mal y a pocas horas del atentado, bajo la custodia de Capuchetti, fue borrado el contenido del teléfono de Sabag”.
La jueza demoró la detención de sus cómplices Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A eso se sumó la paralización de la causa cuando aparecieron elementos que vinculan a dirigentes de la oposición, explica el material.
Asimismo, indica que fueron rechazados los pedidos de análisis del celular de Hernán Carrol, miembro del grupo extremista Nuevo Centro Derecha, a quien Sabag nombró como la persona que se haría cargo de su situación y de designar sus abogados.
Por otra parte, el video explica que Milman presentó el 18 de agosto de 2022 un documento en el que alertaba sobre un posible falso atentado contra la exjefa de Estado.
El 31 de ese mes solicitó informes sobre el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, y la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios.
La jueza tampoco indagó sobre una pista fundamental. Durante el allanamiento del domicilio de Uliarte se encontró una nota manuscrita sobre la Regla Tueller, una doctrina que calcula el tiempo y la distancia que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la quiten, añade el material.
Asimismo, expone que la misma se enseña a las fuerzas de Estados Unidos y fue traída como una novedad a Argentina por Bullrich, cuando Milman formaba parte de su equipo.
También señala que Capuchetti visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), entidad que estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje al Instituto Patria (fundado por Fernández).
Por otra parte, se conoció que la jueza recibió indicaciones sobre cómo tratar mediáticamente el caso y se reunió con el editor general del diario Clarín, Ricardo Roa, quien ideó la teoría de una acción espontánea de “un loquito suelto”.
Recientemente, al declarar en el juicio por el intento de asesinato, la expresidenta aseveró que el partido judicial protege a los autores intelectuales y a quienes financiaron el ataque.
Los diputados Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Carolina Yutrovic y Martín Soria denunciaron que la “inutilización” del celular de Sabag es una irregularidad muy grave.
Detallaron que tal acción posibilitó “la destrucción de la principal evidencia probatoria a pocas horas de su secuestro, como resultado de la falta de resguardo y violación de la cadena de custodia».
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