Con actos en lugares públicos de varias ciudades de este país, las agrupaciones continúan reuniendo firmas contra ese recurso con el objetivo de lograr su anulación por la Cámara de Diputados y la Corte Suprema.
La iniciativa lleva por lema Un pueblo firme contra el DNU y el 21 de este mes los afiliados a esas entidades se congregarán alrededor del Congreso y en las legislaturas provinciales.
Entre las organizaciones que respaldan la acción contra las políticas del Ejecutivo se encuentran Unidad Popular, la Asociación Trabajadores del Estado, el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga por los Derechos Humanos.
También rechazan el decreto la Federación Judicial Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Hijos, la Asociación Americana de Juristas, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Comunista, el Movimiento Popular Liberación y Encuentro Patriótico, entre otros.
El 70/2023 modifica o elimina más de 300 normativas y, aunque ya fue rechazado por el Senado, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 26.122, para su derogación es necesaria la desaprobación de ambas Cámaras del Congreso.
Si una de las dos no lo trata o solo una se muestra en desacuerdo, continúa activo.
Entre otros aspectos, dispone el desarme de leyes como la de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, apunta a la privatización de empresas públicas, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
Por otra parte, quita el sistema nacional de comercio minero y del Banco de Información del sector y autoriza la implementación de la política de cielos abiertos.
El decreto es el instrumento jurídico principal utilizado por el Gobierno. El Ministerio de Desregulación emitió ya varias resoluciones sostenidas en él, entre ellas dos referentes al mercado aerocomercial que afectan a Aerolíneas Argentinas, señala un comunicado de la CTA-A.
Además, amplía las facultades legislativas delegadas en el Presidente por la Ley Bases y las materias en las cuales Milei puede intervenir sin discutir absolutamente nada con el parlamento. Esto pone en emergencia a todo lo concerniente a la administración del Estado por cuatro años, añade.
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