El juez Fernando Muñoz, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dio ese plazo para que Abad detalle “los fundamentos de derecho” y amplíe “la expresión clara y precisa de los agravios que causan los hechos anunciados”.
Además de Noboa, la acusación incluye a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Gobierno Esteban Torres y a la asesora presidencial Diana Jácome, quien este jueves presentó una contrademanda contra la vicepresidenta.
De acuerdo con Muñoz, recientemente removido de su cargo de titular del TCE, Abad sí “cuenta legitimidad activa para plantear la presente denuncia”, pues se encuentra en goce de sus derechos políticos.
Noboa y su gabinete tomaron la denuncia como “un intento de golpe de Estado” apuntado a impedir la participación del actual jefe de Estado en las elecciones generales de 2025.
Justamente, la infracción de violencia política es considerada como “muy grave” y se sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, destitución y una multa.
Las desavenencias entre los dos principales jefes del Ejecutivo ecuatoriano se evidenciaron desde la elección del binomio y luego, el 8 de diciembre de 2023, a pocos días de asumir el cargo, Noboa envió a Abad a Tel Aviv como embajadora y colaboradora para la paz.
La pasada semana, el presidente dispuso el traslado temporal hacia Türkiye de la vicepresidenta, luego que la Cancillería exhortò a los ecuatorianos en Líbano, Israel y Palestina a salir de esos países debido a los conflictos en la región.
Por otro lado, en el TCE también está a la espera de ser tramitada una denuncia contra Abad por supuesta infracción electoral, y si la pierde no podrá asumir la presidencia cuando Noboa pida licencia para hacer campaña por la reelección.
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