Tras una escalada de los reclamos de una y otra parte, el mecanismo pareciera estar oficialmente estancado, y revive el fantasma de las confrontaciones que lograron estar detenidas por un año gracias a un cese al fuego que expiró el pasado 3 de agosto.
La leve esperanza que arrojó el anuncio del Gobierno, realizado hace una semana, sobre una propuesta confidencial enviada por el presidente Gustavo Petro a esa insurgencia para intentar reavivar las negociaciones, se esfumó tras la negativa de la guerrilla.
En un comunicado difundido el pasado miércoles, además de rechazar de plano la proposición que hasta ese momento era desconocida, demandó franqueza y claridad, tal como aseguró que lo ha manifestado públicamente el Comando Central del ELN.
Apuntó además el mensaje que el movimiento guerrillero “ha hablado claro que requiere se cumplan los acuerdos y le habla al país ratificando su voluntad de paz con hechos”.
Igualmente, remarcó que mientras se daban órdenes para reanudar las operaciones ofensivas contra el ELN, una vez vencido el cese al fuego, el Comando Central hizo una extensión técnica hasta el 23 de agosto para que se cumpla el acuerdo de sacar a esa insurgencia de la Lista de los Grupos Armados Organizados (GAOS), una demanda de la agrupación para volver a platicar.
A una propuesta pública del ELN, lo correcto es que el Gobierno lo haga de igual manera, pues a estas alturas de la crisis no podemos andar con rodeos, se requiere claridad y franqueza. Tampoco se nos puede ofrecer algo que ya está acordado y menos dilatar el cumplimiento de acuerdos, concluyó el comunicado.
Pocas horas después, la Delegación gubernamental descartó una ruptura de la mesa de conversaciones, pero responsabilizó a la guerrilla de que lo que pase con ese mecanismo.
En conferencia de prensa, la jefa negociadora Vera Grabe, manifestó que a partir de “este momento es el ELN quien tendrá que asumir la responsabilidad de lo que viene porque el gobierno ha dado las garantías para que estos diálogos sean fructíferos”.
Se refirió además a la negativa por parte de esa insurgencia de aceptar el ofrecimiento realizado por el presidente Gustavo Petro que, según indicó en su red social X el propio mandatario, trataba sobre una reforma económica previamente acordada con el grupo armado.
Aseveró además que esa guerrilla hizo de manera pública demandas al Gobierno que no se corresponden con la realidad.
“Nosotros nunca hemos dicho o hemos congelado nada, esa no es nuestra postura. Quien ha congelado es el ELN. Nosotros nos paramos en la raya y exigimos que esto avance, estamos diciendo claramente que el ELN tiene que definir su postura. Tiene la responsabilidad de decir cómo seguimos” mencionó Grabe.
A la tensión del momento, se suma ahora la declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, quien aseguró que se planean bombardeos en puntos estratégicos ubicados por inteligencia militar en el departamento de Chocó, al noroeste, ante un paro armado decretado allí por el ELN.
El anuncio de un paro armado, anunciado el pasado fin de semana por la insurgencia debido a una ofensiva realizada contra el Clan del Golfo, impacta a varios municipios de la región entre los que están Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan y donde según las autoridades locales se hallan confinadas entre 45 mil y 50 mil personas.
En respuesta a la acción, el Ejército ordenó el despliegue allí de cinco mil efectivos.
A cuatro días de haber entrado en vigor el paro armado, el ELN comunicó que abriría un corredor humanitario en el territorio desde el día 16 hasta el 21 de agosto para que pudiera llegar ayuda a la población.
La medida coincidió con la divulgación en medios locales de la muerte de una bebé indígena de 16 meses en Istmina, ante la imposibilidad de que sus padres pudieran salir a buscar ayuda.
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