La parlamentaria aseguró mediante Extra Radio que el Ejecutivo espera un nuevo fallo de la Sala IV del Tribunal Supremo de Justicia sobre la legalidad de un segundo texto de la Ley Jaguar, después que esa instancia declaró el primero como inconstitucional, ante una consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Cisneros, quien recordó los 70 intentos de referendo propuestos hasta ahora, de los cuales solo prosperó uno, admitió que la Asamblea Legislativa (parlamento) rechaza celebrar otro ahora, “pero no nos preocupa, porque nosotros usamos dos vías y la otra es la popular”.
La diputada oficialista defendió en su entrevista radial la postura del gobierno de que la Sala IV (también llamada Constitucional) dejó de considerar ciertos artículos del texto, por lo cual sus defensores buscarán ahora conseguir entre la población las 185 mil firmas requeridas para efectuar el referendo.
Dicha legislación sobre la consulta pública –según la legisladora- parece estar concebida contra su celebración, “pues es complicada, enredada, llena de requisitos y la prueba es que hubo 70 intentos y solo pegó uno» (el de 1995 sobre un Tratado de Libre Comercio con México).
Cisneros recordó que “los otros 69 quedaron entonces en el camino”, por lo que “ya estamos trabajando en una reforma a la legislación sobre el referendo”, esta vez centrado en la Ley Jaguar, cuyo texto permanece desde mayo bajo intensas polémicas legislativas, públicas y mediáticas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, precisó en un encuentro el 13 de agosto en presencia del presidente Rodrigo Chaves que el trámite de los proyectos de ley en el Congreso es “mediante negociación y consenso”.
El líder parlamentario aclaró que los diputados deben presentar sus mociones ante iniciativas de ese tipo, y después estas vuelven a la comisión original que las aprobó, en busca de un texto sustitutivo, y “hay que hacer consultas” hasta que son aprobadas por el plenario.
La política no es imposición –sentenció- al aludir a textos aún por votar como uno sobre prisión preventiva y el de la controvertida Ley Jaguar, defendida por el Gobierno y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
“Pero aquí hay temas –cuestionó- que sí son responsabilidad del Poder Ejecutivo, como el de la construcción de cárceles, y otros acerca de la prevención de delitos, “que es realmente lo que evita el crimen”.
Las discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre un referendo y los proyectos de ley aumentaron luego de la reelección el primero de mayo de Arias como líder del Congreso, por tercera vez consecutiva, tras lo cual el mandatario insistió en celebrar la consulta basada en la entonces naciente Ley Jaguar.
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