Mientras la bancada de diputados independientes, liderada por Janine Prado, convocó a que los más de 60 candidatos se sometan a entrevistas ante el pleno, la presidenta de la comisión de credenciales, Shirley Castañeda, del partido gubernamental Realizando Metas, indicó que solo corresponde evaluar la documentación presentada por los aspirantes.
Castañeda estimó irrespetuoso e institucional el anuncio de los de libre postulación, pues la ley establece que esa instancia solo debe verificar que los candidatos cumplan con los requisitos legales para ocupar el cargo.
También su copartidario Jamis Acosta, segundo vicepresidente del Legislativo, solicitó no atacar a los candidatos, sino asegurarse de que cumplan con lo que establece la Constitución.
Entre los postulados a Contralor está el empresario Anel Flores, quien es considerado como el favorito de la bancada de gobierno para el cargo. También se postuló el abogado Carlos Barsallo, el candidato respaldado por la bancada independiente de Vamos.
El pleno deberá votar de manera nominal la escogencia del reemplazo de Gerardo Solís, uno de los funcionarios más cuestionados en los últimos días al frente de la Contraloría.
En julio pasado, un informe estadístico del Fiscalía de Cuentas reveló que esa institución pública ignoró la mayoría de las peticiones de auditoría entre mayo 2020 y mayo de 2024.
Por su parte, el diputado del partido Movimiento Otro Camino , Ernesto Cedeño , indicó que la gestión de Solís se ha caracterizado no solo por negarse a realizar auditorías, sino a investigar y por el contrario, ocultar nombres en los registros oficiales.
En ese sentido, citó que escondió más del 50 por ciento de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, un monto de más de 400 millones de dólares entre 2019 y 2023.
A esto se suman críticas a reformas a la ley orgánica de la Contraloría que son percibidas como un obstáculo en la batalla contra la corrupción.
Entre otros retrocesos, la iniciativa otorga discrecionalidad a la Contraloría para no realizar auditorías o investigaciones solicitadas por la Jurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público.
También ofrece facultades similares al contralor, que pueden prestarse a la arbitrariedad, según las demandas.
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