En conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), el mandatario respaldó el trabajo serio y técnico del equipo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para develar esta red criminal constituida por 410 empresas.
Como Gobierno comprometido con el combate contra la corrupción, tomaremos las acciones pertinentes por las implicaciones que este organización de defraudación tiene para el erario público y los bienes del pueblo, subrayó Arévalo.
La Procuraduría General de la Nación, conforme a su mandato constitucional, adoptará las medidas para defender los intereses del Estado y contribuir a que las investigaciones lleven a los responsables de esta situación ante la justicia, afirmó.
El llamado caso B410 transcurriò durante durante el gobierno anterior (de Alejandro Giammattei 2020-2024) con el fin de enriquecer a unos pocos, señaló el abanderado del partido Movimiento Semilla.
En esencia, agregó, confirma y comprueba lo que hemos señalado: la corrupción resultó el sistema operativo del Estado en ese momento.
“Fueron tan insaciables los amigos de lo ajeno que querían la corrupción libre de impuestos”, advirtió el Gobernante.
Sin embargo, aún hoy no estamos libres de esas estructuras y por eso instruí a la Comisión Nacional contra la Corrupción la revisión exhaustiva de los contratos de las empresas referidas con el Estado, acotó el político de 65 años.
También sumò el desarrollo de nuevos protocolos de compras y regulación en materia de beneficiarios finales para que esta historia nunca más se repita.
Dada la gravedad y urgencia, Arévalo se comprometió a generar una monitorizaciòn periódica para mantener informada a la población sobre nuevos hallazgos sin importar quién caiga.
No toleraremos que esas minorías corruptas que robaron a nuestro pueblo queden impunes, aseguró el presidente.
En vez de estar investigando casos por pantallazos o enfocando sus capacidades en hostigar y criminalizar a quienes consideran sus enemigos políticos, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de perseguir a los implicados, precisó.
Lo presentado por la SAT es, sin duda, la punta del iceberg y seguramente hay muchos más esqueletos en el clóset que tarde o temprano se destaparán, expresó el mandatario.
El titular de esa entidad, Marco Livio Díaz, explicó el miércoles pasado que identificaron a contribuyentes y constructoras que podrían estar involucrados.
Las empresas le facturaron al Estado de 2021 a 2023 casi 672 millones de dólares, expuso el funcionario.
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