En un documento conjunto, agrupaciones como la Asociación Trabajadores del Estado, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Hijos y el Frente Patria Grande denunciaron el desmantelamiento de políticas para la protección de niños y adolescentes e instaron a la sociedad a pronunciarse contra la criminalización de los menores.
También firmaron el texto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), ramas de la CTA-Autónoma, el Partido Justicialista en esta capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y muchos otros organismos.
Desde el gobierno se dice que un proyecto de ley que baje la edad de imputabilidad es necesario, dando a entender que los niños y adolescentes son responsables de delitos cometidos en nuestro país. Ese argumento es falso y demagógico pues la información estadística existente demuestra lo contrario, indica el documento.
Hoy hay más de un millón de chicos que se van a dormir sin cenar debido a la crisis provocada por el Ejecutivo. Exigimos que se respeten los derechos de las infancias. Para nuestros niños, pan y educación, no cárcel y pobreza, añade.
Las organizaciones explican que la cantidad de adolescentes entre 13 y 17 años en Argentina es de 3,5 millones, de los cuales solo cuatro mil 299 cumplen una medida penal, es decir, el 0,12 por ciento del total.
Ello muestra que la proporción es extremadamente baja y su incidencia en los problemas de inseguridad es prácticamente nula. Un sistema penal para esas edades debe tener como perspectiva la inclusión social y no la segregación carcelaria, que sólo estigmatiza y profundiza el problema, alerta el texto.
Asimismo, considera necesario un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos, los marcos normativos y los tratados internacionales.
También señala que no es recomendable bajar la edad pues se trata de una medida ineficaz y contraproducente, que no garantiza mayores niveles de seguridad, sino que empeora la situación y tiende a mostrar a los adolescentes pobres como delincuentes.
Es necesario que el Estado garantice la educación de los menores, trabajo para sus familias, y las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección, afirma.
El proyecto es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad, el cual implica que no se puede retroceder en materia de derechos adquiridos. La actual legislación establece que la edad de punibilidad es a partir de los 16 años, añade.
Además, recuerda que la criminalización de adolescentes con penas severas y más encierro, lejos de producir cambios positivos que faciliten su integración social, suele consolidar en los jóvenes identidades y hábitos violentos, vinculados a la comisión de delitos.
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