En nota conjunta, se informó que las reajustes «deberán respetar criterios de transparencia, rastreo y corrección».
Todavía se fijó un plazo de 10 días para que el Ejecutivo y el Legislativo regulen el tema.
Las enmiendas parlamentarias representan un volumen de 49 mil millones de reales (nueve mil 74 millones de dólares) del presupuesto de la Unión en 2024.
Tal valor se divide en 25 mil millones de reales (cuatro mil 630 millones de dólares) para las revisiones individuales, entre ellos los de transferencia especial, llamados Pix enmiendas, y 8,5 mil millones (mil 574 millones de dólares) para los que son indicados por las bancadas estaduales.
Asimismo, 15,5 mil millones de reales (casi tres mil millones de dólares) para las nominaciones de las comisiones de la Cámara baja y del Senado.
Las enmiendas impositivas son objeto de disputa entre los poderes.
El ministro del STF Flávio Dino suspendió el 14 de agosto las transferencias. Al día siguiente, la Cámara de Diputados, el Senado y 11 partidos pidieron que se suspendiera la decisión, negada por el presidente de la corte superior, Luís Roberto Barroso Barroso.
Por unanimidad, el tribunal mantuvo la suspensión de las transferencias determinada por Dino. Según el juzgado superior, los pagos solo deben ser liberados después que el Congreso Nacional presente nuevos parámetros y reglas para que la aplicación de los recursos siga criterios de transparencia, trazados y eficiencia.
En respuesta al STF, el timonel de la Cámara baja, Arthur Lira, envió a la Comisión de Constitución y Justicia de la asamblea dos Propuestas de Enmienda a la Constitución para impedir decisiones individuales de ministros y dar al Congreso Nacional el poder de revertir el resultado de juicios en pleno de la corte.
Ante la prensa, tras la reunión, Barroso afirmó que las restricciones impuestas por Dino siguen siendo válidas hasta que tome una nueva decisión sobre el tema.
Refirió que se logró, con diálogo franco, institucional y extremadamente productivo llegar al asentimiento posible ante visiones diferentes a propósito del asunto.
«Básicamente hay un consenso total de que es necesario que haya rastreo de estas enmiendas y transparencia», recalcó.
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