La entidad reguladora, primera también en rechazar el texto cuando este fue divulgado por el Ejecutivo a inicios de mayo, alegó en su solicitud a la Sala IV o Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la legislación significa «una grave afectación de sus competencias como auxiliar del Congreso».
El pedido de la CGR, cuya capacidad de fiscalización es ignorada en esta segunda versión de la iniciativa (“Ley Jaguar 0.2”) como lo fue en la anterior, fue firmado por la Contralora Marta Acosta y su segundo al mando, Bernal Aragón, añadió el diario Delfino.cr.
La solicitud de consulta apunta contra los artículos 2, 4 y 5 del proyecto de ley, que fueron también enviados a consulta a inicios de mes por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), impulsado por varios diputados. El primero de esos artículos en el texto original del proyecto fue proclamado inconstitucional por la Sala IV, pero miembros del Ejecutivo lo presentaron en la segunda versión Jaguar 0.2 con una visión modificada que, según ellos, “sí pasaría una revisión constitucional”.
Acosta asegura que la redacción pretendida por el Ejecutivo, al suprimir competencias constitucionales y descartar la fiscalización de la Contraloría, obligaría a acudir a la tutela cautelar para acreditar que el ente regulador sí tiene esas facultades.
La CGR sostiene que ese tipo de regulaciones o esquemas de limitación son propios del derecho privado, no del público, por lo que es “innecesario, desproporcionado e inconstitucional delimitar y restringir el ámbito de competencias de la institución”.
El texto de consulta de la Contraloría, fue recibido por la Sala IV o Constitucional de la CSJ, está bajo estudio de admisibilidad y se tramitará bajo el expediente 24-22441-0007-CO, precisaron fuentes de esa instancia citadas por
Delfino cr.
Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros adelantó que el gobierno, empeñado en un referendo sobre dicha Ley podría tramitar una reforma a la legislación que regula la celebración de ese tipo de consulta popular.
La parlamentaria declaró a Extra Radio que el Ejecutivo espera un nuevo fallo de la Sala IV sobre la legalidad de un segundo texto de la Ley, después que esa instancia declaró el primero como inconstitucional, ante una consulta del TSE.
Cisneros, quien recordó los 70 intentos de referendo propuestos hasta ahora, de los cuales solo prosperó uno, admitió que la Asamblea Legislativa (parlamento) rechaza celebrar otro ahora, “pero no nos preocupa, porque nosotros usamos dos vías y la otra es la popular”.
La diputada oficialista defendió en su entrevista radial la postura del gobierno de que la Sala IV o Constitucional dejó de considerar ciertos artículos del texto de la Ley, por lo que la estrategia ahora es conseguir entre la población las 185 mil firmas requeridas para efectuar el referendo.
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