“Tenemos un Tribunal Constitucional a todas luces politizado y que está siendo usado en varias ocasiones para fines políticos, para obtener pronunciamientos que le interesan al sector político y este es uno de ellos”, dijo sobre el dictamen emitido ayer.
La decisión favorable a un recurso de amparo, anula el cargo de obstrucción a la justicia, uno de los imputados por la Fiscalía a Fujimori, sus abogados y a la mayoría de los principales involucrados en el proceso iniciado al inicio de julio último.
El jurista afirmó que las decisiones del TC están claramente politizadas y que se avizoran una serie de decisiones de esa corte que beneficiarán a actores políticos como Fujimori, más que a los intereses de la justicia.
Según Salas, tal sesgo se vería reflejado en la decisión de la defensa de Fujimori de presentar nuevos recursos ante el TC, frente a posibles escenarios judiciales adversos a la dirigente.
El abogado José Quispe del Instituto de Defensa Legal comentó que el dictamen de ayer confirma que “quien llega al Tribunal Constitucional (TC) si tiene alguna afiliación o afinidad con el fujimorismo va a ganar cualquier demanda”.
Salas mencionó que la abogada de Fujimori, la principal de cerca de 50 acusados, Giuliana Loza, confirmó hoy que están en curso dos recursos similares al resuelto ayer y que llegarán al TC y dijo estar segura de que el tribunal le dará la razón.
La declaración evidenció también la certeza de que todas las instancias del Poder Judicial rechazarán esos recursos, requisito para que sean presentados en última instancia al TC.
“Creo que es un primer logro dentro de este largo camino que todavía nos queda”, dijo Loza sobre el fallo del citado tribunal.
Salas aclaró también que el cargo de obstrucción a la justicia, tras la exclusión del mismo para Fujimori y parte de los acusados, sigue en pie, aunque ya no estará a cargo del fiscal José Pérez, conocido por su vehemencia y energía en las investigaciones y en el juicio.
Pérez, por su parte, cuestionó también el fallo del TC y citó en detalle los testimonios de testigos que denunciaron amenazas del abogado Arsenio Oré para obligarlos a declarar que aportaron dinero a la campaña electoral de Fujimori de 2016.
De esa manera, según la acusación, se pretendía hacer pasar las millonarias contribuciones de grandes empresas extranjeras y locales y otras fuentes, a las aspiraciones electorales de Fujimori, tres veces fracasada en el intento de ser elegida presidenta.
El TC dictaminó que la acción atribuida a Oré era simplemente parte de su labor como abogado defensor.
La maniobra contra una de las evidencias más sólidas de la Fiscalía y la abogada Loza ha declarado además la intención de anular la acusación principal, por lavado de activos.
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