Con un plantón en las afueras del Ministerio de Energía y Minas, en esta capital, representantes de comunidades indígenas demandaron el cierre de los pozos petroleros en la región amazónica del Yasuní, considerada una las áreas más biodiversas del planeta.
“Estamos aquí al cumplirse un año de la consulta popular en la que el 60 por ciento de ecuatorianos decidió poner fin a la explotación de petróleo. Si a la vida”, expresó Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El 20 de agosto de 2023 la mayoría de los ecuatorianos votó por suspender la explotación del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), ubicado en el Yasuní, en la provincia de Orellana, sin embargo hasta ahora ese campo sigue en operación.
“El gobierno no ha cumplido con el compromiso que hizo con la Amazonía. Venimos de tan lejos y estamos aquí para pedir que se respeten los derechos de los waorani y los pueblos en aislamiento voluntario, tagaeri y taromenane», declaró la lideresa waorani Alicia Cahuiya.
La Corte Constitucional determinó que en un año las autoridades deberían desmantelar la planta petrolera, pero la explotación continúa hasta hoy, mientras expertos de Naciones Unidas instaron al Ejecutivo a respetar la decisión popular y acelerar el fin de la extracción.
El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, afirmó este lunes que el Gobierno iniciará el cierre de los pozos petroleros en el Yasuní, aunque el proceso demorará entre tres y cinco años.
Por otro lado, representantes de los colectivos ambientalista Acción Ecológica y Quito Sin Minería realizaron otro plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, para demandar el cumplimiento de otra consulta que prohibió la actividad minera en el Chocó Andino.
Hace justo hoy un año el 68 por ciento de los habitantes de la capital ecuatoriana votaron a favor de prohibir la minería metálica en esa zona del noroccidente de Quito, catalogada por la Unesco como Reserva de la Biosfera.
Habitantes del Chocó, un bosque de 287 mil hectáreas, pidieron a la Corte iniciar la fase de seguimiento de la consulta porque persisten los intereses de las mineras en la zona y hay presencia de extractivismo ilegal.
ro/avr
