Mediante un comunicado, la organización que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), expresó indignación por “el secuestro político de Glas, víctima de una persecución despiadada».
No descansaremos hasta verlo libre, junto a su pueblo, donde siempre ha pertenecido, reiteró la RC en el documento.
Asimismo, el movimiento político denunció que el exvicemandatario no solo ha sido privado de su libertad, sino que ha sido sometido a condiciones que buscan quebrantar su espíritu y su salud, “en un intento por silenciarlo”.
Es evidente que el sistema judicial ha sido manipulado para servir a intereses oscuros que buscan eliminar cualquier rastro de oposición y mantener secuestrada la voluntad del pueblo ecuatoriano, sentenció el texto.
La pasada semana, la defensa de Glas apeló nuevamente a la decisión de un juez que rechazó el pedido de habeas corpus.
Dicho recurso, con el que Glas pedía salir de prisión, fue rechazado el pasado mes de julio por el magistrado de Garantías Penitenciarias, Patricio Vidal.
Este martes, estaba prevista la audiencia para tratar el pedido de Glas para ser trasladado a un hospital o a la casa de su madre. Sin embargo, fue aplazada porque los abogados del exvicepresidente alegaron estar enfermos y no asistieron a la cita.
Un delegado de la autoridad penitenciaria en el país andino sugirió que se designara a un defensor público, pero Glas no aceptó y adujo que no pueden dejarlo sin su defensa técnica.
Finalmente, los jueces decidieron aplazar la diligencia para el próximo viernes 23 de agosto.
El pasado 6 de agosto, el Gobierno ecuatoriano ratificó que «no es lícita» la concesión de asilo diplomático a Glas y que no otorgará el salvoconducto para que salga del país.
Este anuncio del Ejecutivo tuvo lugar un día después de que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitara un salvoconducto para Glas, para que fuera entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas.
Glas, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que uniformados allanaron la legación diplomática para capturarlo por orden del presidente Daniel Noboa.
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