La votación del texto fue aplazada varias veces por la falta de consenso entre los asambleístas.
El cigarrillo electrónico es un dispositivo con batería que simula fumar sin quemar tabaco.
Calienta un líquido, generalmente con nicotina y aromatizantes, y lo convierte en vapor para inhalación.
Los productos están en diferentes formatos, como bolígrafos o dispositivos que recuerdan a pendrives (memorias USB).
Aunque está prohibido en Brasil desde 2009 por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, los cigarrillos electrónicos todavía se encuentran en el mercado y se comercializan ilegalmente.
Las enfermedades de la boca y los pulmones son más frecuentes en quienes usan estos objetos. El informe del senador Eduardo Gomes recomienda la aprobación del proyecto, pero propone algunas modificaciones al texto original. ´
Gomes aumentó, entre los cambios, la multa para quien vende cigarrillos electrónicos a menores de 18 años.
En el documento original, presentado por la senadora Soraya Thronicke, la multa era de 10 mil reales (mil 850 dólares). Con la modificación, el valor se duplicó a 20 mil reales (tres mil 700 dólares).
Asimismo, el escrito define concepto de DEFs (dispositivos electrónicos para fumar) y establece una serie de requisitos para la comercialización de estos productos.
Thronicke argumentó que varios países ya regularon el uso de cigarrillos electrónicos y destaca que la importación y el comercio ilegal de estos dispositivos resultan en pérdidas de recaudación de impuestos para Brasil.
Con la regulación, el ingreso anual en impuestos podría alcanzar cerca de 2,2 mil millones de reales (un poco más 400 millones de dólares).
«La posición brasileña de simplemente prohibir la comercialización, la importación y la propaganda es lo mismo que tapar el sol con el tamiz. El uso de cigarrillos electrónicos es creciente y sus usuarios no reciben ningún tipo de protección o orientación por parte del Estado», afirmó la parlamentaria.
Los senadores contrarios a la materia argumentan que la regulación de los cigarrillos electrónicos puede aumentar la presión sobre el estatal Sistema Único de Salud, generar una mayor demanda por cuidados familiares y pérdida de productividad en la economía.
Además, 34 organizaciones de salud enviaron una carta abierta a los congresistas pidiendo que la propuesta no sea aprobada.
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