En ese sentido diputadas de oposición de los partidos Alianza Nacionalista Republicana (Arena) y Vamos, y el grupo el Observa El Salvador solicitaron que la Asamblea Legislativa dé a conocer los expedientes y atestados de los candidatos a TSE para el período 2024-2029.
A finales de julio el foro debía elegir los cinco magistrados propietarios y a los cinco suplentes que debían prestar juramento el 1 de agosto, pero eso no ocurrió pese a que así lo establece la ley.
La parlamentaria de Arena, Marcela Villatoro, manifestó que insistirán en que se divulguen los perfiles, expediente y atestado, y lamentó que no les han entregado toda la documentación resultado de las entrevistas y los expedientes.
Arena, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuevas Ideas son los tres partidos con más votos en las últimas elecciones presidenciales, y según la ley deben proponer ternas de candidatos a magistrados del foro rector de las elecciones en el país.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, lamentó que no se le entregara «los expedientes con todos los atestados de los candidatos», pese a que lo solicitó.
«He solicitado por escrito a la Comisión Política, que es la que ha estado evaluando los perfiles y es la que ha recibido los expedientes con todos los atestados de los candidatos, he pedido que se me comparta… Luego de casi cuatro semanas, no he tenido respuesta», dijo.
Abordó Ortiz el vínculo de algunos aspirantes con institutos políticos. «No estamos hablando que fueron militantes nada más, que han sido representantes de esos partidos», aseveró.
Sostuvo que una de las candidatas de Nuevas Ideas, Roxana Soriano, por ser presidenta de la Corte de Cuentas (CCR), no podría tomar el cargo de presidenta del ente electoral. «Parece ser que en este momento no hay perfiles totalmente idóneos y hay un impasse porque hay una candidata que, además es parte de la Corte de Cuentas, lo cual no es permitido», remarcó.
Por su parte, consorcio Observa El Salvador alertó que se debe evitar «un nombramiento inconstitucional” de los miembros del foro por relaciones formales o materiales con partidos políticos del país.
En ese sentido, solicitó que se divulgue toda la información que permita una «verificación independiente de los atestados y credenciales» de los candidatos a magistrados, permitiendo que se cumpla con el «derecho de acceso a la información pública» de los salvadoreños.
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