“Es imperativo que la Fiscalía y la CPI, como guardianes de los derechos humanos, tomen en consideración” la gravedad de la situación y actúen en consecuencia para que las víctimas obtengan la justicia y los responsables rindan cuentas ante la comunidad internacional, expresó el Colegio en un comunicado.
El pronunciamiento fue motivado por la denuncia ante la CPI de 16 diplomáticos, juristas y otras personalidades contra la presidenta Dina Boluarte y su gobierno por casi medio centenar de civiles muertos en la represión de las protestas contra su ascenso al cargo, de diciembre de 2022 a febrero de 2023.
Además, “exhorta a la Fiscalía y, de ser el caso, a la CPI para que inicien un proceso de investigación que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades que correspondan”.
Considera absolutamente necesario que la presidenta se pronuncie expresamente ante la nación y deslinde sus responsabilidades y añade que “solo a través de un juicio justo y objetivo se restaurará la fe en la justicia y evitar que crímenes similares vuelvan a ocurrir”.
La declaración recuerda que la Fiscalía inició dos investigaciones por los delitos de genocidio, que fueron archivadas en julio pasado y por los delitos de homicidio y lesiones, cargos que persisten.
“Los derechos humanos son universales e inalienables. Ninguna autoridad o persona tiene el derecho de atentar contra la dignidad humana ni de actuar con impunidad frente a las demandas legítimas de los ciudadanos”, sostiene.
“Las victimas de este periodo de violencia no deben quedar en el olvido, ni sus muertes ser tratadas como un mero ‘daño colateral’”, advierte y exige justicia mediante un juzgamiento imparcial que determine las responsabilidades individuales y estatales.
De otro lado, el primer ministro Gustavo Adrianzén desestimó la denuncia ante la CPI y sostuvo que será rechazada, como ha ocurrido con anteriores intentos de quienes consideró opositores.
El embajador de carrera Harold Forsyth, uno de los firmantes de la denuncia, señaló que es cierto que la CPI solo atiende casos que presentan los Estados, pero su estatuto acota que puede hacerlo si el país no ofrece las condiciones adecuadas para un proceso justo.
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